La mañana de este miércoles 29 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asestó un golpe final a la defensa de la campaña presidencial 2022.
En una sala abarrotada, los magistrados ratificaron la sanción administrativa por violación de límites electorales por un monto superior a los 5 mil 300 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta.
La decisión, tomada por 6 votos a favor y 2 en contra, deja sin cambios las multas de un millón de dólares impuestas al jefe de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como al tesorero y auditor del Pacto Histórico.
Este fallo administrativo llega en un momento crucial para Ricardo Roa, quien deberá comparecer ante el Ministerio Público el próximo 8 de mayo. Luego de dos postergaciones anteriores, el Ministerio Público finalmente lo imputará por el presunto delito de violación de límites de gasto, conducta que está criminalizada en el sistema de justicia penal colombiano desde 2017.
La ratificación del CNE no sólo confirma el gasto excesivo, sino que también ordena que copias sean certificadas por el Ministerio Público para que profundice en las investigaciones sobre fraude procesal y presunto financiamiento de fuentes prohibidas, lo que complica gravemente la situación jurídica del director de la petrolera estatal.
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La investigación muestra que supuestamente se propuso una «triangulación de recursos» para ocultar los gastos reales. Específicamente, se investiga si facturas de viajes aéreos con la empresa Sadi SAS fueron falsificadas para hacerlas pasar como gastos de la campaña al Senado de Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando en realidad correspondían a la movilidad del entonces candidato Petro.
Si bien el CNE está imponiendo multas cercanas a los 6.000 millones de dólares, la Comisión de Impugnación de la Cámara también ha enviado el expediente al sistema judicial ordinario. Si bien el presidente Petro ha negado cualquier irregularidad, la severidad de esta sanción por exceder los límites legales marca un hito histórico: es la primera vez que una campaña presidencial en ejercicio es penalizada de esta manera por la autoridad electoral.
