El Gobierno nacional, a través de la Inspectoría Jefe de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organizaciones de tránsito del país por presunto incumplimiento respecto del funcionamiento de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST) conocidos como fotomultas.
Las acciones realizadas por el Inspector Jefe revelaron posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente en lo que respecta a la ausencia del concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrologíaun requisito imprescindible para garantizar la fiabilidad y legalidad de estos sistemas.
Durante la investigación se hizo evidente que:
Doce organizaciones de transporte iniciaron sus actividades sin tener un concepto de rendimiento.
7 organizaciones trabajaron con conceptos emitidos a terceros.
18 organizaciones obtuvieron los conceptos técnicos después de comenzar a operar los sistemas.
Entre las organizaciones examinadas se encuentran autoridades de tránsito de ciudades y municipios como MedellínIncluyendo Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta acción sienta un precedente histórico en defensa de la ciudadanía y la legalidad.
«Hoy el Gobierno nacional le está diciendo al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de cobro al margen de la ley. Si no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser quienes paguen las consecuencias. Aquí protegemos el debido proceso y los derechos de millones de colombianos», afirmó el ministro.
La Superintendencia de Transporte también encontró que las organizaciones encuestadas emitieron más de 7,5 millones de citaciones a través de estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya han sido pagados por ciudadanos colombianos, lo que representa recaudaciones por más de $1.050 millones.
En consecuencia, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver estos fondos y además enfrentar sanciones equivalentes al doble del monto recaudado, lo que sería más de $2,100 millones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2251 de 2022.
Las organizaciones con mayor número de convocatorias dentro del estudio son:
Cali: 2,7 millones de citaciones.
Medellín: más de 717 mil citaciones.
Bogotá: aproximadamente 294 mil citaciones.
Barranquilla: más de 131 mil citaciones.
Además, 5.832.906 citaciones que aún no han sido pagadas quedarán sin efecto y tendrán que ser retiradas automáticamente por las autoridades de tránsito correspondientes, beneficiando potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Por su parte, el Inspector Jefe de Transportes, Alfredo Piñeros, señaló que estas acciones tienen como objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar el respeto a un juicio justo.
«No actuamos contra la seguridad vial. Actuamos contra posibles irregularidades que afecten a la legalidad y a la confianza de los ciudadanos. Ninguna cámara de fotodetección puede funcionar sin cumplir los requisitos técnicos y legales que marca la ley», afirmó el inspector jefe.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará tomando las acciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia para los ciudadanos.
