El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa que ha interpuesto una acción de amparo ante el Consejo de Estado contra la decisión de la jueza Fabiola Márquez del Consejo Nacional Electoral, que ordenó la suspensión de las actividades de la agencia encuestadora Atlas Intel en plena campaña presidencial.
Para el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, esta decisión representa un hecho de máxima gravedad democrática. En la última parte de la primera vuelta, cuando millones de colombianos determinan sus votos, ninguna autoridad administrativa puede desactivar la información, limitar el acceso de los ciudadanos a las mediciones electorales o restringir el derecho de los electores a conocer el estado real de la contienda.
La protección tiene como objetivo proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los ciudadanos a formarse libremente sus opiniones antes de acudir a las urnas.
Defensores de la Patria reitera que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella no se opone al control institucional ni al control electoral. Por el contrario, requiere reglas claras, transparencia y cumplimiento legal por parte de todos los actores en el proceso. Lo que rechaza es que, bajo la apariencia de una medida administrativa, acabe influyendo en el debate público y limite información relevante en un momento decisivo para el país.
Suspender la función de los colegios electorales en plena campaña no es un asunto menor. Las métricas electorales son parte del ecosistema de información de una democracia y permiten a los ciudadanos comparar escenarios, analizar tendencias y tomar decisiones con más elementos de juicio.
En este sentido, el movimiento advierte que cualquier acción institucional debe fortalecer la confianza en el proceso electoral, y no poner en duda la neutralidad de las autoridades, ni alimentar la percepción de que se pretende limitar la información cuando los ciudadanos más la necesitan.
Defensores de la Patria recurrirá a todos los mecanismos legales disponibles para garantizar que la primera vuelta se desarrolle en libertad, transparencia y pleno respeto a los derechos políticos de los colombianos.
La libre información es también una garantía democrática; Colombia no puede llegar a las urnas con menos información, menos debate y menos transparencia.
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