las autoridades de Medellín Investigan a una inmobiliaria acusada de supuestas irregularidades en la gestión de contratos de alquiler, caso que ya ha afectado a más de 40 personas, entre propietarios e inquilinos, denunciando incumplimientos en materia de pagos y entrega de inmuebles.
Según denuncias conocidas por las autoridades, la empresa recibía casas y departamentos para su administración, además de cobrar pagos de alquiler y adelantos financieros de posibles inquilinos. Sin embargo, los fondos supuestamente no fueron entregados posteriormente a los propietarios y, en algunos casos, las propiedades ofrecidas no se pusieron a disposición de quienes realizaban los pagos.
La situación fue denunciada por ciudadanos que afirmaron haber presentado múltiples denuncias ante la dependencia sin encontrar soluciones concretas. Según los testimonios recogidos durante las investigaciones, la empresa ha citado supuestos inconvenientes financieros y retrasos en los bancos como justificación para no cumplir con las obligaciones que ha contraído con los usuarios.
Avanza procesos administrativos y penales
El proceso lo lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, entidad que trabaja con el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con los hechos denunciados.
“Desde el Ministerio de Seguridad y Convivencia, en conjunto con la Inspección de Protección al Consumidor, hemos liderado acciones claras de inspección, control y vigilancia que ya están arrojando resultados concretos: 25 denuncias recibidas, 17 acciones impuestas y seis procesos administrativos en curso”, dijo Laura Hernández, Subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia.
Según el balance brindado por la administración distrital, las autoridades han formalizado hasta el momento 25 denuncias relacionadas con este caso y se encuentran en el trámite de seis procesos administrativos bajo la aplicación de la Ley 820 de 2003, normativa que regula el alquiler de vivienda urbana en Colombia.
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La actuación de los entes de control también ha derivado en medidas contra la inmobiliaria investigada, incluida la cancelación del registro bajo el que operaba, mientras continúan las verificaciones judiciales y administrativas para determinar el alcance de las afectaciones reportadas por la ciudadanía.
“En coordinación con el Ministerio Público estamos impulsando estas investigaciones para establecer responsabilidades penales, mientras administrativamente seguimos aplicando la ley, incluso con la posibilidad de cancelar el registro de esta agencia”, agregó Hernández.
La modalidad denunciada por las víctimas
Las autoridades indicaron que este tipo de situaciones suele afectar tanto a propietarios que transfieren sus propiedades para administración como a familias que intentan acceder a una vivienda y pagar anticipos bajo el supuesto de que están celebrando contratos con empresas legalmente constituidas y controladas.
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Según las denuncias recogidas, la modalidad consistía en adquirir inmuebles para su gestión y recibir dinero correspondiente a precios de alquiler o anticipos, sin transferir posteriormente estos fondos a los propietarios de los inmuebles o sin concretar la entrega de los inmuebles ofertados.
Cada vez que las víctimas se quejaban de retrasos o incumplimiento, se decía que habían recibido respuestas sobre presuntos problemas financieros o bancarios.
Recomendaciones para prevenir este tipo de casos
Por esa razón el Alcaldía de Medellín Reiteró el llamado a verificar cuidadosamente la legalidad y trayectoria de las agencias inmobiliarias antes de dar dinero, firmar contratos o autorizar la gestión de activos.
Una de las recomendaciones clave de las autoridades es la confirmación de que la empresa cuente con un registro formal y registro vigente, además de validar que cuente con un domicilio físico verificable y autorizado ante las entidades correspondientes.
También aconsejan consultar los antecedentes y referencias comerciales de la inmobiliaria, consultar opiniones de otros usuarios y desconfiar de ofertas con términos poco claros o exigencias de pago inmediato sin respaldo contractual.
Otro punto importante es exigir contratos escritos que especifiquen los términos del arrendamiento, las obligaciones de cada parte, la forma de pago y los tiempos especificados para la entrega de las propiedades o el envío de los honorarios.
Las autoridades insistieron en que cualquier envío o pago debe estar respaldado por respaldo formal, facturas o recibos bancarios, ya que estos documentos son imprescindibles en caso de incumplimiento o procesos judiciales posteriores.
Llamar para informar
Finalmente, la administración distrital invitó a las personas que crean haber sido víctimas de irregularidades relacionadas con el alquiler o administración de propiedades a denunciar de inmediato a las autoridades competentes para facilitar la investigación y evitar que más ciudadanos se vean afectados.
