Minuto30.com .- A pocos días de las elecciones presidenciales, los cuestionamientos jurídicos sobre el comportamiento del presidente Gustavo Petro han escalado a un nuevo escenario institucional. El 26 de mayo de 2026, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, ordenó la apertura formal de una investigación penal de oficio contra el Presidente.
A través de un oficio, el congresista instruyó al secretario de esta célula legislativa, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, para que de inmediato asigne el número de expediente correspondiente e inicie el trámite procesal de rigor.
Fundamentos legales de la investigación.
El Congreso ha indicado que enfrenta una “obligación legal” de emprender esta acción penal. El proceso se ampara en las facultades que le otorgan la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5 de 1992, bajo la tipología del delito de intervención en política, que se establece en el artículo 422 del Código Penal colombiano.
Esta nueva línea de investigación penal avanza en paralelo a otras acciones en su contra, sumándose a cinco procesos disciplinarios formales que ya se acumulan por presuntas violaciones a la neutralidad que exige la figura presidencial.
La apertura de este caso de oficio tiene su origen en las constantes declaraciones públicas y publicaciones del Jefe de Estado en sus redes sociales, donde habría dado juicios de valor e instrucciones veladas respecto de la batalla electoral.
La oposición y diversas organizaciones civiles han aportado un robusto archivo audiovisual y documental. Entre los episodios clave que motivaron la investigación se encuentran:
El discurso en Cúcuta: Intervenciones públicas en las que el presidente declaró textualmente: «De repente, nosotros, el gobierno, hemos ganado las elecciones».
Difundir propaganda política: La publicación abierta en sus redes sociales de videos correspondientes al cierre de campaña de candidatos de su propia corriente, como el caso del senador Iván Cepeda en Barranquilla.
¿Quién estará a cargo de la investigación?
Para evaluar si este comportamiento sistemático del Presidente constituye una violación flagrante de las restricciones constitucionales que le prohíben participar en controversias partidistas, se designaron tres representantes instructores con diferentes posiciones políticas hacia el gobierno:
Katherine Miranda: Congresista independiente que recientemente se hizo a un lado y criticó a la administración de Petro.
Karyme Cotes: Representante del Partido Liberal, considerada cercana al actual gobierno.
Gloria Elena Arizabaleta: Miembro del Pacto Histórico, ex esposa de Roy Barreras y Presidenta de la Comisión.
Este equipo tendrá la tarea de determinar el futuro legal del presidente a pesar de estas graves acusaciones en la última parte de la campaña presidencial.
