El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió nuevas directivas a su equipo anticorrupción para que llevara a cabo una investigación legal sobre recientes revelaciones periodísticas sobre supuestas acercamientos entre altos funcionarios del gobierno saliente y el clan del Golfo.
La instrucción estuvo dirigida al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien también encabeza el Comité Anticorrupción. En el documento, el presidente electo señala que la información de conocimiento público “constituye hechos de la máxima gravedad institucional, que requieren una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y acorde con el Estado de derecho”.
De la Espriella también afirma que el mandato obtenido en los comicios implica fortalecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier acción atribuida a los funcionarios sea evaluada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.
Evaluación de posibles acciones legales
Una de las instrucciones dadas al comité de división es la evaluación integral de la información disponible para determinar si existen fundamentos que permitan la presentación de denuncias penales, disciplinarias y otras medidas apropiadas.
En este sentido, el documento pide “promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias y demás medidas oportunas ante las autoridades competentes”, respecto de los hechos revelados y los funcionarios que en última instancia podrían estar en peligro.
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La comunicación también recomienda incluir en el análisis las acciones atribuidas al ex Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, con el objetivo de determinar si existen bases jurídicas suficientes para impulsar las acciones legales correspondientes.
También llama a evaluar acciones para organismos internacionales
Dentro de los lineamientos, el Presidente electo ordenó estudiar la posibilidad de enviar información relevante al Departamento de Justicia estadounidense, a través de canales institucionales y diplomáticos, cuando los hechos puedan ser de su competencia.
También ordenó evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan poner en riesgo las obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves de derechos humanos.
Al concluir el documento, De la Espriella reiteró el propósito de las instrucciones al afirmar: «El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de restablecer el legítimo monopolio de la violencia, restablecer el orden público y garantizar que ningún funcionario quede fuera del escrutinio de la justicia si existen motivos suficientes para investigar su conducta».
Finalmente, solicitó que las acciones se realicen de manera prioritaria y concluyó pidiendo: “Solicito que estas instrucciones se sigan con el máximo cuidado y que se me informe oportunamente de las acciones realizadas y las decisiones tomadas”.
