La Contraloría General de la República presentó los resultados del seguimiento de los recursos relacionados con la emergencia económica, social y ambiental declarada por el Decreto 0150 de 2026. El análisis arrojó avances importantes en el cobro de medidas tributarias extraordinarias, pero prácticamente nula implementación de los recursos destinados a cuidar y restaurar las áreas afectadas por la temporada invernal.
Al 18 de junio de 2026, la recaudación por el impuesto a la riqueza y los mecanismos de desgravación fiscal ascendió a $7,59 billones, lo que representa el 87,5% de la adición presupuestaria aprobada para atender la emergencia. Sin embargo, ese monto aún no alcanzaba a cubrir los $8,680 millones incluidos en el presupuesto general de la nación, situación que ponía en riesgo la sostenibilidad financiera de las asignaciones previstas para el segundo semestre del año.
La Sindicatura observa que si bien los fondos han sido presupuestados y emitidos certificados de disponibilidad para diversos sectores, no existe una efectiva implementación de obligaciones y pagos por parte de las entidades responsables.
Particular preocupación surge por la situación de los recursos gestionados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que aún se encuentran en la fase de estructuración del acuerdo. Esta circunstancia ha retrasado el inicio de las intervenciones encaminadas a la recuperación de las zonas afectadas, a pesar del tiempo transcurrido desde la declaración del estado de alarma.
El organismo fiscalizador también observó que sectores como transporte, medio ambiente, minas y energía, salud, incendios, bienestar social e ICBF no están implementando los recursos asignados, mientras que en las áreas de vivienda y educación, a pesar de los avances en la emisión de certificados presupuestarios, aún no se han registrado compromisos ni pagos.
Además, la Contraloría advirtió que, a varios meses de ocurrida la emergencia, aún no ha recibido del Gobierno nacional el plan de acción específico que defina claramente las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral. La ausencia de este instrumento dificulta el seguimiento oportuno del gasto de los fondos públicos y limita la evaluación del cumplimiento de los objetivos que llevaron al estado de emergencia.
La Contraloría General de la República reiteró que continuará ejerciendo la supervisión y control presupuestal preventivo y asociado sobre estos recursos. Asimismo, llamó al Gobierno nacional a acelerar la formalización de los acuerdos pendientes, garantizar la implementación oportuna de las inversiones y asegurar que cada peso recaudado se destine exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
