La Fiscalía General de la Nación informó sobre la ocupación de cuatro propiedades que se cree forman parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, como parte de una investigación que busca determinar si estos bienes provendrían de fuentes vinculadas al extinto bloque tolimense de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La medida fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Bogotá, que aceptó la solicitud del ente investigador de imponer medidas cautelares contra los inmuebles. Según información oficial, las propiedades están avaluadas en más de 45,467 millones de pesos.
Los activos corresponden a un centro comercial, un hotel y dos discotecas ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Las diligencias de ocupación fueron realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Según el Ministerio Público, una vez cumplidas las diligencias pertinentes, los inmuebles pasarán a disposición del Fondo de Compensación a las Víctimas.
Investigación sobre el origen de los activos
El fiscal indicó que la investigación permitió identificar una supuesta relación entre estos bienes y recursos del Bloque Tolima de las AUC, organización armada ilegal que operó entre finales de los años 1990 y mediados de los 2000.
Según la hipótesis del fiscal, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien fue identificado como el líder de esa estructura, habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e invertir en bienes raíces con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos y evitar que fueran utilizados para compensar a las víctimas del conflicto armado.
En sustento de este reclamo, las autoridades indicaron que habían realizado inspecciones judiciales, análisis financieros y registrales, peritajes contables y recolección de testimonios, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los bienes.
La decisión aún puede ser apelada
El Ministerio Público ha determinado que las medidas cautelares corresponden a una decisión de primera instancia, para que las partes involucradas puedan utilizar los recursos legales previstos en la ley.
A solicitud del Ministerio Público, la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Bogotá impuso medidas de protección contra cuatro bienes por un valor de más de 45.467 millones de pesos, los cuales serían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez y… pic.twitter.com/tnwqJeHY1E
— Fiscalía de Colombia (@FiscaliaCol) 17 de julio de 2026
Hasta el momento, el cantante y su equipo legal no se han pronunciado sobre esta nueva decisión.
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El caso ya tenía antecedentes
Esta investigación ya había dado lugar a procedimientos judiciales. En julio de 2025, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares como embargo, secuestro y suspensión del control sobre estos bienes por su presunta vinculación con activos de grupos paramilitares.
En respuesta a esta acción, Charlie Zaa aseguró que cooperaría con las autoridades para comprobar la procedencia de sus bienes.
“Estoy, como siempre, plenamente dispuesto a cooperar con las autoridades y aportar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia (…) Todo lo que tengo es resultado de ese trabajo honesto y constante.
Meses antes, en marzo de 2025, un magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Bogotá había declarado medidas cautelares para cinco inmuebles, entre ellos el centro comercial El Oasis, establecimientos comerciales en Girardot e Ibagué y dos inmuebles en Melgar y Girardot. Con la última decisión, cuatro de estas propiedades permanecen bajo acciones legales.
La versión del artista.
Durante el juicio, Charlie Zaa afirmó que el terreno donde se construyó el centro comercial El Oasis fue adquirido a nombre de su padre con regalías obtenidas de su carrera musical a través del sello discográfico Sonolux.
También afirmó que la propiedad le pertenece en su totalidad, a excepción de dos propiedades comerciales que fueron entregadas como parte del pago de una propiedad residencial en Lagos del Peñón.
Sin embargo, el Ministerio Público había advertido previamente que encontró inconsistencias en la construcción del centro comercial, entre ellas la ausencia de planos arquitectónicos y estructurales, la ausencia de reglas de propiedad horizontal que permitieran la desagregación del inmueble y la ausencia de datos financieros sobre los costos y gastos de las obras.
A medida que avanza el proceso, las autoridades continúan verificando los orígenes de los medios por los cuales estos activos fueron adquiridos y desarrollados para determinar su estatus legal final.
