Minuto30.com El panorama político y jurídico del recién elegido senador Wadith Manzur, capturado por el infame escándalo de corrupción de la UNGRD, se está volviendo más oscuro. El Senado de la República dio un rotundo ‘no’ a su urgente pedido de asumir el cargo de manera virtual o desde prisión, dejándolo al borde de perder su escaño.
Lo que pretendía ser una solución legal desesperada para evitar que perdiera su investidura, finalmente encontró una barrera insuperable en la Secretaría General del Senado. A través de un contundente documento oficial, la empresa dejó claro que no existe ninguna entidad jurídica en Colombia que permita juramentar a un congresista de forma remota y mucho menos desde un centro penitenciario.
El ‘No’ basado en la ley
El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, fue el encargado de responder al pedido del político. En su argumento desmontó la esperanza de defender a Manzur con base en el rigor de las normas internas del Congreso:
La asistencia no es negociable.: Si bien la reciente Ley 2390 de 2024 modernizó el Congreso y permitió herramientas tecnológicas para debates y proyectos, esta norma no cambió el acto solemne de toma de posesión. Según la Ley 5 de 1992, la autoridad competente deberá administrar el juramento requerido a los miembros del Congreso presentes en la sede institucional (el Capitolio Nacional).
No hay excepciones administrativas: El Senado destacó que no tiene autoridad para inventar o adaptar ningún mecanismo distinto del ya prescrito por la Constitución para tomar posesión de una legislatura.
El espectro de la ‘pérdida de investidura’
Debido a la negativa del Senado, el reloj corre en contra de Wadith Manzur. La Constitución Política de Colombia establece claramente en su artículo 183 que los miembros del Congreso perderán sus nombramientos si no toman posesión de sus cargos dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras (20 de julio del año pasado).
Sin embargo, sólo hay un salvavidas al que podría aferrarse el político vinculado al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): la causa de ‘fuerza mayor’.
La pelota pasa al tejado del Consejo de Estado
El Senado aclaró que no corresponde a la junta directiva determinar si la captura justifica la ausencia de Manzur. Ésa es una tarea exclusiva del Consejo de Estado.
Será este Tribunal Supremo el que, ante una posible pérdida del juicio de investidura, valore si la privación de libertad de Manzur constituye una «imposibilidad objetiva, irresistible, ajena a su voluntad». Si logra probar la existencia de fuerza mayor, la jurisprudencia muestra que podría conservar su jurisdicción incluso si no pudiera desempeñar sus funciones hasta que recuperara su libertad y cumpliera con el acto personal.
Por ahora, el escaño de Wadith Manzur en el Senado permanecerá vacío, mientras su futuro político pende de un hilo en los tribunales.
