Mientras las altas cortes del país conmemoraban el cuadragésimo aniversario del Holocausto en el Palacio de Justicia, el Tercer Departamento del Consejo de Estado emitió un fallo histórico condenando al Estado colombiano por la muerte del Magistrado Auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, víctima de los hechos violentos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Jorge Alberto Echeverry, quien fungió en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, perdió la vida durante la toma y posterior recaptura del edificio por parte del grupo subversivo M-19 y las Fuerzas Armadas.
El Tribunal Supremo dictaminó que su muerte fue consecuencia de causas simultáneas: por un lado, la acción violenta y terrorista del M-19; y por otro lado, el abandono del Estado en sus deberes protectores y el uso excesivo de la fuerza durante la reconquista del palacio.
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El fallo recuerda también que el caso del magistrado estuvo marcado por una dolorosa confusión: durante años su familia creyó haber enterrado sus restos en Manizaleshasta que el Ministerio Público comprobó que el cuerpo en realidad pertenecía a Bernardo Beltrán, un camarero de 24 años desaparecido durante la misma tragedia.
“La toma del Palacio de Justicia no fue un logro político, ni un acto de rebelión heroica, sino una grave afrenta al Estado de derecho y a las instituciones democráticas”va la frase.
En consecuencia, el Ministerio de Defensa deberá indemnizar a los familiares del juez Echeverry Correa por daños morales y económicos, además de publicar el fallo en medios nacionales como un acto de perdón público. El fallo también ordena reiterar la responsabilidad contra el M-19 por su participación directa en los hechos.
Cuarenta años después de la tragedia, esta decisión judicial revive el llamado a la memoria, la justicia y la verdad en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia.
