Un juez de Bogotá aprobó el preacuerdo firmado entre Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la Fiscalía General de la República, dentro de la investigación sobre la gigantesca red de corrupción que sacudió a la entidad.
Con este preacuerdo, el exfuncionario se compromete a declarar contra al menos dieciséis personas implicadas en el escándalo y a cooperar activamente en diversos procesos penales.
Según el Ministerio Público, Barreto sirvió junto a César Manrique, actualmente prófugo de la justicia, y presuntamente habría participado entre 2023 y 2024 en el desvío de aproximadamente 100.000 millones de dólares destinados a la UNGRD.
Desde el penal de La Modelo, donde aún permanece recluido, intervino de manera virtual en las diligencias aprobadas por el Juzgado 49 Penal del Circuito del Conocimiento.
Entre los beneficios del preacuerdo, Luis Carlos Barreto recibirá una pena de prisión de tres años, siete meses y trece días, como consecuencia de aceptar delitos como peculado agravado, cohecho en proceso penal y falsificación de documentos.
También se supo que ya había devuelto 150 millones de dólares en relación con la aprobación irregular de contratos.
Las investigaciones apuntan a convenios como los firmados entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que ascendieron a más de 101.584 millones de dólares para camiones cisterna, plantas desalinizadoras y tanques de agua, y fueron adjudicados de manera irregular. También hay un contrato de $4.538 millones para estudios topográficos en La Guajira, supuestamente dirigido por Barreto y otros involucrados.
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La defensa del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, presentó un recurso de apelación alegando que el juez había aprobado el acuerdo previo sin tener en cuenta el conflicto de conducta. Sin embargo, el Ministerio Público señala que Barreto también deberá responder por concierto para delinquir agravado, interés excesivo en contratos y su participación en la selección falsificada de empresas a través de intermediarios, como el abogado Riveros Rey.
Este capítulo vuelve a poner en evidencia la red de corrupción que estuvo activa por más de dos años e incluye a exdirectores, contratistas y funcionarios, quienes ahora deben enfrentar las revelaciones del exsubdirector.
