El Ministerio Público inició este lunes 1 de diciembre con la imputación de los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), revelando una poderosa acusación: la existencia de un “pacto criminal” entre ambos exfuncionarios para manipular decisiones en el Congreso y concertar contratos de entidades estatales.
El organismo acusador aseguró que el objetivo de este pacto criminal era asegurar una mayoría legislativa a favor del ejecutivo a través de prácticas corruptas.
Los ex ministros fueron acusados de conspiración grave, interés excesivo en la ejecución de contratos y soborno en el dar y ofrecer. Sin embargo, al inicio de la audiencia ambos se declararon inocentes y desestimaron los cargos, insistiendo en que no habían participado en ningún acuerdo ilegal.
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Durante la audiencia, el fiscal del caso entregó detalles de las pruebas que vinculan a los exfuncionarios con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la acusación, Bonilla y Velasco supuestamente acordaron entre ellos y con terceros ofrecer gestión de contratos, convenios y proyectos estatales a cambio de asistir a congresistas y votar iniciativas del Gobierno nacional.
El ente investigador también señaló que los exministros operaban como determinantes dentro de la red de corrupción expuesta en la UNGRD, entidad desde la que se gestionaban proyectos para asegurar el apoyo político en el legislativo.
Tras la acusación y ante la negativa de los exministros a aceptar los cargos, el Ministerio Público anunció que solicitará medida de seguridad en prisión para ambos, argumentando que representan un riesgo para la sociedad y para el avance del proceso judicial.
El caso continúa desarrollándose y podría escalar aún más en el panorama político nacional, ya que involucra a dos figuras clave del gabinete del presidente Gustavo Petro.
