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El martes 9 de diciembre se realizó una nueva inspección judicial en Bogotá por parte de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), como parte del proceso encaminado a esclarecer los vínculos institucionales mencionados en los expedientes encontrados en posesión de alias ‘Calarcá’, jefe del Frente 36 de las disidencias de las FARC.
Los investigadores acudieron al Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, así como a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Esta visita técnica se suma a las diligencias ya realizadas en las instalaciones del Indumil y en el Comando de Personal del Ejército, y también se mencionan en los documentos y dispositivos incautados al dirigente.
Las acciones fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, con la intención de reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para avanzar en la investigación que involucra a funcionarios y presuntos facilitadores de la estructura ilegal.
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Paralelamente, el Ministerio Público continúa el examen forense de computadoras, teléfonos móviles, discos duros y memorias incautados durante un control militar en Anorí en julio de 2024. Antioquíadonde se movilizó una caravana de miembros del autoproclamado Estado Mayor de la disidencia.
Los hallazgos preliminares incluyen nombres de varios asociados de alias Calarcá, así como menciones directas al general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), quien figura en los expedientes como presunto vínculo o facilitador.
Su conducta ahora es materia de verificación para determinar si existen motivos suficientes para acusarlo.
Otro funcionario bajo vigilancia es Wilmar de Jesús Mejía, director del servicio de inteligencia estratégica de la DNI, también mencionado en comunicaciones internas sobre la estructura ilegal.
Según los documentos, estas personas habrían participado en esfuerzos para promover la movilidad, contactos e incluso la creación de una empresa de seguridad que protegería armas y personal de los disidentes.
Las investigaciones continúan en medio de preocupaciones sobre un posible plan de infiltración en instituciones estatales, alianzas con actores ilegales y presunto financiamiento político.
