Minuto30.com – El jueves 18 de diciembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Bogotá ordenó medida de privación de libertad en prisión contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La decisión se produce en el contexto del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
La jueza Aura Alexandra Rosero ordenó la detención inmediata de los exfuncionarios del gobierno del presidente Petro, tras señalar que la Fiscalía había cometido un error técnico al solicitar inicialmente arresto domiciliario. La togada aclaró que el arresto domiciliario debe ser siempre una medida secundaria o sustitutiva y no la principal en casos de esta magnitud.
Según la investigación, los ex ministros habrían participado en la malversación de contratos de construcción, infraestructura e intervención por valor de millones de dólares. Estos fondos, administrados por la UNGRD y el Invías, supuestamente fueron utilizados para “comprar” los votos de un grupo de congresistas, favoreciendo intereses políticos y privados.
El juez dictaminó que, dada la gravedad de los hechos de corrupción administrativa y uso indebido de fondos públicos, era necesaria una medida de seguridad más estricta. El tribunal enfatizó la importancia de proteger la integridad de los procesos contractuales estatales contra este tipo de comportamiento.
Los exministros fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecimiento e interés excesivo en el cumplimiento de contratos. Estas acusaciones alegan que los involucrados facilitaron el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para garantizar la adjudicación de contratos específicos.
Es importante recordar que tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco desestimaron los cargos del fiscal durante la audiencia del 1 de diciembre. A pesar de su declaración de inocencia, el proceso legal ahora continúa y los imputados se encuentran tras las rejas.
La decisión ha generado un fuerte impacto político al tratarse de dos de los obispos más importantes del actual gobierno nacional. La Justicia intenta ahora determinar el alcance total de la red de corrupción que operó al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.
Finalmente, el fallo de la Corte Suprema de Bogotá reafirma el compromiso de las instituciones de esclarecer el destino de los fondos de emergencia destinados a atender a las poblaciones más vulnerables del país y que supuestamente terminaron en manos de políticos y contratistas.
