Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y la ONU regresó con un informe escalofriante desde los municipios de Tibú y El Tarra, en el Catatumbo: comunidades enteras están siendo ‘secuestradas’ en sus propias casas, sin gasolina, sin alimentos y bajo la amenaza constante de drones cargados de explosivos.
La guerra en el Catatumbo entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha convertido a pueblos como Filogringo en pueblos fantasmas.
En estos lugares, el ELN ha impuesto un paro armado desde diciembre, cortando completamente el suministro de alimentos.
En Filogringo la barbarie llegó al punto que una misión médica fue atacada con bombas, lo que obligó a la retirada de los únicos médicos que quedaban en la zona.
Lo más alarmante son las huellas dejadas por los combates. Se han encontrado artefactos sin detonar al alcance de niños y jóvenes en parques y patios de viviendas de El Tarra.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que en lo que va de 2026 ya hay más de 1.000 personas desplazadas, que huyen no sólo de las balas sino también del miedo psicológico que provocan los drones y las minas antipersonal colocadas en las veredas.
“La gente quiere trabajar y educar a sus hijos, pero hoy lo único que pueden pensar es en sobrevivir”, dice Marín.
Aunque el ejército ha reforzado su presencia en Cúcuta y la frontera, el corazón del Catatumbo sigue siendo una zona donde los grupos armados dictan la ley.
La Comisión Humanitaria ha hecho un llamamiento urgente para respetar el derecho internacional humanitario y permitir el acceso de ayuda permanente, ya que los kits suministrados por el Gobierno son sólo una «toallita» ante un confinamiento que dura desde hace semanas. Si el Estado no actúa con una presencia institucional real, la región corre el riesgo de quedar completamente deshabitada.
