Una grave denuncia por espionaje ilegal fue hecha pública por el ministro de Justicia en funciones, Andrés Idárraga, quien aseguró que un informe forense demostró que su teléfono móvil fue intervenido sistemáticamente más de 8.700 veces entre agosto y noviembre del año pasado.
Según el funcionario, el análisis técnico arrojó la activación no autorizada del micrófono y la cámara de su dispositivo, así como la extracción de aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, dentro de los cuales supuestamente estarían datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que había impulsado el gobierno nacional.
Según Idárraga, el caso no se limitaría a un ataque digital. Un informe de contrainteligencia al que tuvo acceso presuntamente reveló que el Ministerio de Defensa había ordenado el uso de gastos específicos para realizar acciones de seguimiento contra él y sus familiares, con el objetivo de identificar las fuentes que facilitaron las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sector defensa.
“Una estrategia quedó desacreditada por la información que recibí y documenté sobre diversos actos de corrupción al interior de las fuerzas armadas”.afirmó el Ministro de Justicia responsable en declaraciones recientes.
Idárraga confirmó que ya presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra personas no especificadas y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que se trata de un hecho de extrema gravedad que pone en riesgo garantías fundamentales.
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Además, ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República que investigue la gestión de los gastos específicos del sector defensa, a fin de determinar si estos fondos han sido utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley.
El funcionario recordó que antes de asumir como Ministro de Justicia interino, fue Ministro de Transparencia de la Presidencia, cargo desde el que lideró investigaciones sobre posibles vínculos entre militares y grupos armados ilegales. Según indicó, a partir de ese momento se inició el presunto seguimiento ilegal.
Un informe forense realizado por una empresa internacional (contratada por el propio funcionario) concluyó que la infiltración se habría realizado mediante el software Pegasus, específicamente activado el 1 de noviembre a las 2:32 de la tarde, con al menos 124 activaciones ilegales de audio y video.
El caso aún es investigado por las autoridades competentes y podría abrir uno de los capítulos más delicados sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia estatal en Colombia en los últimos años.
