Un informe de Colombia Compra Eficiente, revelado por El Tiempo, señala que el Gobierno nacional ha firmado 80.736 contratos en la modalidad de asociaciones público-populares, por un monto total de más de 31 mil millones de pesos, entregados sin licitación.
Este tipo de contrato fue exactamente el tipo de contrato que el Tribunal Constitucional rechazó porque lo consideró un cheque en blanco que violaba las reglas de transparencia.
El proyecto de ley presentado bajo esta modalidad es astronómico y, según advertencias de la Contraloría, gran parte de estos acuerdos fueron sellados justo antes de promulgarse la Ley de Garantías de 2026.
Los números no mienten: más de $25 mil millones se destinaron a 55,434 contratos con asociaciones comunitarias, mientras que otros mil millones de pesos terminaron en resguardos, cabildos y juntas comunales.
Para muchos sectores de la oposición, este movimiento de boletas no es más que petróleo para el aparato electoral del Pacto Histórico, pues estas organizaciones representan la base política más leal al oficialismo en plena campaña presidencial.
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Pero el escándalo no termina ahí. De los más de 55.000 contratos con juntas y asociaciones, sólo una pequeña parte, sólo 7.309, parece haber sido rescindido.
El resto del proyecto de ley permanece en el limbo como “celebrado” o “en proceso”, lo que ha llevado a figuras como el senador Jorge Robledo a denunciar que estas prácticas conducen directamente a la corrupción.
Si bien el sector de la salud enfrenta una carga de deuda similar, el ejecutivo parece haber priorizado la entrega inmediata de recursos, desafiando los frenos de la justicia y poniendo en duda la transparencia.
