El reciente asesinato de Reinaldo Campos, gobernador de la Reserva Indígena Macarieros del pueblo Makaguan en Tame (Arauca) y director de la Asociación de Consejos y Autoridades Tradicionales (Asocata), ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de los representantes de comunidades étnicas en el país.
La Defensoría del Pueblo rechazó lo sucedido y advirtió que este hecho tiene consecuencias directas para los procesos comunitarios, así como para los derechos colectivos de los pueblos indígenas de esa zona del país.
El comunicado oficial indicó que la pérdida de este liderazgo tiene un impacto significativo en la defensa del territorio y la dinámica organizativa de estas comunidades.
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Además, destacó la necesidad de que las autoridades competentes realicen investigaciones rápidas y efectivas que permitan esclarecer lo sucedido y encontrar a los responsables de la muerte de Reinaldo Campos.
La Defensoría del Pueblo también hizo un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección en Arauca, tomando en cuenta los riesgos que enfrentan tanto líderes sociales como habitantes de estas regiones.
El más reciente balance indicó que en Colombia ya se han documentado más de una veintena de casos de asesinatos de líderes sociales en los primeros meses del año. Este panorama mantiene las preocupaciones de los organismos de control, que reiteran la necesidad de acciones institucionales más fuertes.
