Diez días después de la tragedia que cobró la vida de Anthony González Alvear en las inmediaciones del club Karibana, la investigación judicial avanza en medio de un complejo escenario de testimonios cruzados y una creciente controversia sobre las verdaderas motivaciones de quienes lideran las protestas en el corregimiento de Punta Canoa.
Dos versiones encontradas sobre el disparo
Las autoridades de Cartagena trabajan para reconstruir los hechos del pasado viernes 17 de abril, sobre los cuales existen dos relatos diametralmente opuestos que determinarán la responsabilidad del guarda de seguridad involucrado:
La versión de la familia: Sostiene que los jóvenes se encontraban simplemente «buscando bolitas» de golf cerca del caño cuando el vigilante accionó su arma. Según este relato, el adolescente cayó herido al agua y fue su hermano menor quien, en un acto de desespero, lo sacó para buscar auxilio en el pueblo.
La versión del enfrentamiento: Por otro lado, han surgido testimonios que indican que el suceso no fue un ataque unilateral. Esta versión señala que el personal de seguridad cuestionó a los jóvenes por ingresar sin autorización a propiedad privada, lo que habría desencadenado un enfrentamiento físico y verbal que escaló hasta el fatal desenlace.
Colaboración del Club Karibana
Ante la gravedad de lo ocurrido, las directivas del club informaron que durante todo el fin de semana las instalaciones permanecieron cerradas en señal de respeto y para facilitar las labores de criminalística.
A través de un comunicado, los propietarios manifestaron su disposición de colaborar plenamente con la Fiscalía: “Se está prestando toda la colaboración para esclarecer los hechos y las responsabilidades, y expresamos nuestra sincera solidaridad con la familia del fallecido”, señalaron.
Denuncian «campaña de lucro» por parte del Inspector de Punta Canoa
Sin embargo, el avance de las pesquisas se ve empañado por una grave denuncia que circula en el corregimiento. Diversas fuentes señalan que detrás de la indignación colectiva y de la presión mediática contra la empresa de seguridad Zimo, se esconderían intereses particulares de Martín Arce, tío de la víctima y actual Inspector de Policía de Punta Canoa.
Según los señalamientos, el Inspector Arce estaría instrumentalizando el dolor por la muerte de su sobrino para orquestar una campaña de desprestigio con un fin netamente económico. La información indica que el funcionario busca aprovechar su cercanía con el fallecido y su posición de autoridad para presionar una negociación monetaria con la empresa de vigilancia.
Los puntos clave de la denuncia contra el Inspector:
Presión por «plata»: Se afirma que la persistencia de las protestas y los ataques directos a la firma Zimo responden a que aún no se ha llegado a un acuerdo de pago satisfactorio para el Inspector.
Campaña de «bulla»: La narrativa de la comunidad estaría siendo dirigida por Arce para «apretar» a la empresa, utilizando el cargo público para dar peso a una reclamación que, según las denuncias, es de carácter personal y financiero.
Cuestionamientos éticos: Sectores que conocen el caso lamentan que se esté utilizando la tragedia de un menor de edad como moneda de cambio para obtener beneficios económicos, desviando el foco de la justicia real.
Mientras la justicia determina si el disparo fue en medio de un enfrentamiento o un acto de fuerza desproporcionada, la sombra de una posible extorsión económica por parte del tío de Anthony añade una nueva y oscura dimensión a este caso que tiene en vilo a la Zona Norte de Cartagena.
