Migración Colombia ha aplicado una medida de inadmisibilidad contra el ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como ‘Casey Barba Roja’.
El extranjero, que pretendía ingresar al territorio nacional a bordo de un vuelo comercial procedente de Miami, fue interceptado en los filtros de control e inmediatamente regresado a un avión con destino a la misma ciudad de Florida, luego de que las autoridades supusieran que su objetivo final era dirigirse a Medellín para continuar con sus actividades ilegales.
Según el reporte oficial, esta persona tiene varias denuncias sobre la promoción explícita del turismo con fines de explotación sexual, principalmente en la ciudad de Medellín.
Investigaciones y registros públicos muestran que el estadounidense promovió fiestas gratuitas en departamentos de la capital paisa, garantizando alimentación y transporte a las mujeres asistentes, y que dirigió un supuesto “Programa de Inmersión en Medellín”, cobrando altas tarifas en dólares a extranjeros adinerados a cambio de cenas privadas, excursiones a diferentes partes del país y fiestas exclusivas.
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Entre las pruebas y publicaciones conocidas por los servicios de control se encuentran informes escandalosos en los que uno de los organizadores de estos eventos afirmaba de manera despectiva: “Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien por hacer fiestas donde solo hay chicas educadas (…) no quieren encontrarse con las chicas que están en Lleras a las dos de la tarde”.
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En ese contexto, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, afirmó con firmeza “El extranjero habría sido denunciado por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros en Medellín, conductas que podrían estar vinculadas a explotación sexual y trata de personas”.
Las alarmantes cifras de políticas públicas en materia de inmigración revelan una ofensiva institucional sin precedentes hasta 2026.
Durante este período, la entidad ya ha reportado en todo el territorio nacional cerca de 90 extranjeros sujetos a la medida de inadmisibilidad por riesgos de explotación sexual y conductas relacionadas con la trata de personas, cifra ya peligrosamente cercana al total de 110 casos registrados en el año 2025.
