El Ministerio de Salud respondió oficialmente a la investigación abierta por la Fiscalía General de la República contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunta participación política durante un evento en el municipio de Coyaima, Tolima.
La polémica surgió tras declaraciones del funcionario en medio de una actividad pública, cuando afirmó esto “Hasta el perro y el gato deben votar el 31 de mayo, porque si no nos lleva el que nos trajo, nos llevarán las putas”.
Tras estas palabras, el ente fiscalizador anunció una investigación disciplinaria para determinar si existió alguna posible participación política indebida por parte del titular de la cartera de Salud.
Antes del juicio, el Ministerio de Salud envió un oficio firmado por Rodolfo Salas, secretario general de la entidad, defendiendo la actuación del ministro y negando que se hubiera impulsado alguna candidatura o partido político.
Según la respuesta a la Procuraduría General de la República, las declaraciones de Jaramillo correspondieron únicamente a un llamado general a la ciudadanía a participar en las elecciones presidenciales y no constituyeron una intervención electoral a favor de ningún candidato.
“El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo no difundió propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato, partido o movimiento político”según documento remitido al Ministerio Público.
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La defensa del funcionario también aseguró que no se ejerció presión sobre funcionarios del gobierno, subordinados o contratistas para apoyar campañas políticas, y enfatizó que no se cometió ninguna conducta prohibida por la Ley de Garantías.
El Ministerio de Salud agregó que la invitación a participar en las elecciones forma parte de los principios democráticos consagrados en la Constitución y defendió que promover la participación en los comicios no puede interpretarse automáticamente como una falta disciplinaria relacionada con la participación política.
La investigación de la Fiscalía General se desarrolla a pocos días de las elecciones presidenciales y tiene como objetivo determinar si las declaraciones del ministro pueden interpretarse como un apoyo indirecto a algún sector político, especialmente al oficialismo.
