El cierre de los colegios electorales continúa el plan de acción establecido por el Ministerio Público para comprender y actuar sobre conductas que afectan la transparencia del proceso electoral y las garantías democráticas de los colombianos. Las facultades de los fiscales y agentes de la policía judicial tienen por objeto verificar los delitos conocidos y tramitar las denuncias que surjan en etapas posteriores.
Durante la jornada se realizaron ocho detenciones por conductas relacionadas con la lucha democrática, así:
• Popayán (Cauca): En el barrio El Uvo, cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos in fraganti por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción electoral. Están indicados. Según los elementos de información recopilados, verifican los certificados electorales de los ciudadanos que votaron por una comunidad política particular y agregan sus datos a una lista.
• En Cumaral (Meta): Una persona fue capturada por el delito de falsedad personal luego de presuntamente intentar hacerse pasar por testigo electoral en un colegio electoral.
• Valledupar (César): Una mujer fue capturada por voto fraudulento cuando quedó claro que había votado en dos mesas diferentes.
Además, el Ministerio Público ha abierto diez informes penales por delitos electorales en Bogotá, Caquetá, Chocó, Nariño, Risaralda y Sucre; y otros 107 por otros delitos relacionados con conductas perjudiciales para la seguridad de los ciudadanos.
Una de las investigaciones iniciadas fue asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Vincula a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá), Latia Sindy Castillo Muñoz, con el delito de supresión de votantes, al aparecer en un video con la imagen explícita de Iván Cepeda.
Por otra parte, los equipos de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional emitieron 85 órdenes de aprehensión en AntioquíaCauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira. Se trata de personas buscadas por delitos como asesinato, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de drogas, hurto, violencia doméstica, abuso de relaciones sexuales con un menor de 14 años y abuso de acceso a un sistema informático.
Uno de los detenidos era un jurado electoral de Hato Corozal (Casanare), quien era buscado por actos sexuales con una menor de 14 años.
Además, 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a colegios electorales en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En este sentido, se les expidieron certificados de supervivencia y sus nombres fueron eliminados de los registros oficiales.
