El Ministerio Público presentó formalmente cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y lo llevó oficialmente ante los tribunales por el delito de tráfico de influencias en calidad de funcionario público.
El proceso penal se centra en las presuntas irregularidades en torno a la compra del departamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el norte de Bogotá, una transacción comercial que, según los investigadores, habría servido de tapadera para un intercambio de favores e intereses especiales que involucran recursos del sector energético nacional.
De la prueba material recabada por la entidad acusadora se desprende que el administrador adquirió el inmueble por un valor de $1.800 millones, pese a que su costo comercial real en el mercado se estimó en $2.727 millones.
Esta transacción representó una reducción de casi el 34%, equivalente a un beneficio económico de aproximadamente $927 millones.
Según el expediente de la Fiscalía Delegada, el intermediario y garante del millonario descuento en cuotas y sin intereses fue el empresario Juan Guillermo Mancera, coronel retirado del ejército con quien el alto funcionario mantuvo una estrecha relación antes de asumir la dirección de la petrolera estatal.
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El hipotético del caso plantea que una vez que Roa se posicionó como la máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, habría utilizado indebidamente su posición dominante para premiar el beneficio económico que recibió en el sector inmobiliario.
El Ministerio Público explicó que entre agosto de 2024 y enero de 2025, el sospechoso ejerció presiones innecesarias y dio instrucciones directas a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol -subsidiaria de Ecopetrol-, con el objetivo de dirigir de manera irregular el proyecto de regasificación de GNL Chuchupa-Ballena, ubicado en La Guajira, a la empresa Gaxi ESP SAS, propiedad de Mancera.
Durante las audiencias preliminares, el presidente de la petrolera estatal se declaró inocente de las conductas imputadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Por su parte, la defensa técnica calificó de confusas las acusaciones y cuestionó los argumentos que vinculan la compra de propiedad privada con conductas delictivas.
Pese a la gravedad del llamado a juicio, el organismo investigador se abstuvo de solicitar pena privativa de libertad. Por lo tanto, Roa Barragán afrontará en libertad las siguientes etapas del proceso judicial, mientras el Centro de Servicios Judiciales fija la fecha para la audiencia de sustento de la acusación.
