El Gobierno de Cundinamarca confirmó una sanción administrativa contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución con sede en Cajicá y vinculada al caso de la estudiante Valeria Afanador, quien falleció en agosto de 2025 tras su desaparición dentro de la institución educativa.
La decisión fue adoptada mediante resolución 004627 del 19 de junio de 2026, emitida por la Secretaría Departamental de Educación, que declara responsable a la institución por una violación grave a las normas que regulan la prestación de servicios educativos y ordena la revocación de su licencia de funcionamiento.
Decisión administrativa y alcance de la medida
Según la determinación oficial, la sanción no se aplicará de inmediato, ya que aún existen recursos legales que puede interponer la defensa del colegio. Esto significa que la institución puede seguir funcionando mientras el proceso administrativo sigue su curso.
De acuerdo con lo dispuesto en la resolución, la revocación de la licencia se haría efectiva una vez finalice el calendario académico para el año 2026. Además, se indicó que el director del plantel deberá presentar un plan de reubicación de estudiantes a la Secretaría de Educación de Cundinamarca antes del 31 de octubre de 2026.
El gobierno también ordenó enviar copia del expediente al Ministerio Público para que tome las acciones correspondientes como parte de su investigación.
Hechos que rodean el caso
El caso de Valeria Afanador comenzó el 12 de agosto de 2025, cuando la menor fue denunciada como desaparecida del colegio durante una jornada escolar. Días después, tras una búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el río Frío.
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La investigación reveló que la causa de la muerte fue ahogamiento y que el fallecimiento se produjo el mismo día de la desaparición. La policía, el ejército y las agencias de ayuda participaron en el proceso de búsqueda y registraron el área del campus y sus alrededores.
Paralelamente, el Ministerio Público ha presentado solicitudes de imputación de homicidio culposo contra dos personas vinculadas a la institución, como parte de la investigación sobre posibles falencias en las tareas de supervisión y protección.
Investigación y alcance de la sanción
En la ley administrativa, el Ministerio de Educación indicó que la institución educativa ha incumplido las disposiciones relacionadas con la prestación del servicio público educativo y los deberes de cuidado y seguridad hacia los estudiantes.
En este sentido, el gobierno continuó sosteniendo que la medida tiene como objetivo establecer responsabilidades administrativas dentro del marco legal vigente, sin perjuicio de las investigaciones penales aún en curso.
Comentarios y antecedentes del caso
El caso ha desembocado en varios fallos de distintos sectores. En septiembre de 2025, el abogado de la familia del menor, Julián Quintana, solicitó a las autoridades educativas el cierre del colegio, alegando deficiencias en las condiciones de seguridad de la institución.
Según las acciones conocidas, la decisión del gobierno se suma a las investigaciones encaminadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si hubo omisiones en los protocolos de protección dentro del ámbito escolar.
Por el momento, el colegio continúa funcionando, mientras se resuelven los recursos legales que podrían modificar o confirmar la sanción impuesta por la autoridad departamental.
