La emergencia económica declarada por el Gobierno nacional para atender los efectos de la ola invernal en varias regiones del país recibió un respaldo parcial de la Corte Constitucional, que aprobó la medida pero impuso restricciones a su alcance y aplicación.
La decisión del pleno, adoptada por 8 votos a 1, permite al ejecutivo mantener la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias de las fuertes lluvias que han afectado a 181 municipios de departamentos como Córdoba, Sucre, AntioquíaChocó, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, donde miles de familias se vieron afectadas por inundaciones y emergencias relacionadas con el invierno.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que los poderes extraordinarios derivados de la declaración no pueden utilizarse para promover reformas estructurales o proyectos no directamente relacionados con la atención inmediata y rehabilitación de las zonas afectadas.
Además, señaló que la medida sólo se aplicará a los municipios que demuestren consecuencias directas de los fenómenos climáticos.
Quizás te interese: José Ramón Bermúdez desapareció en Medellín
La Corte también declaró inconstitucionales varios artículos que el gobierno había incluido en la declaración. Entre ellas se incluyen las disposiciones relacionadas con la crisis financiera de las empresas eléctricas, algunas facultades otorgadas a la Compañía Nacional de Tierras y aspectos relacionados con la actualización de los planes ambientales e hidrográficos.
Otro punto destacado del fallo prevé controles estrictos sobre los fondos asignados a la ayuda de emergencia.
El tribunal ordenó que los fondos se utilicen exclusivamente para hacer frente a las consecuencias de la temporada de lluvias y exigió mecanismos de control independientes que garanticen la transparencia en el gasto del dinero público.
Con esta decisión, la emergencia económica sigue vigente, aunque en circunstancias específicas que limitan su alcance.
