El Clan del Golfo informó que dejará temporalmente de exigir el pago de los llamados «impuesto de guerra» a comerciantes de varios municipios Antioquía y Córdoba.
Según la organización armada, la medida estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre y pretende demostrar que está lista para el inicio del próximo gobierno.
La decisión fue comunicada a través de un comunicado en el que el grupo ilegal aseguró que esta suspensión pretende enviar una señal de confianza al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a los países y organizaciones que han acompañado el proceso en los últimos meses.
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En el comunicado, la estructura también destacó el papel de los gobiernos de España, Noruega, Suiza y Qatar, además de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, entidades a las que agradeció su participación como mediadores y acompañantes.
El Clan del Golfo también afirmó que mantiene su compromiso de avanzar a través del diálogo y sigue comprometido con los acuerdos alcanzados durante las conversaciones mantenidas hasta la fecha.
Asimismo, ha invitado al gobierno, que comenzará el próximo 7 de agosto, a designar representantes que puedan asistir a las salas de discusión y verificar directamente el desarrollo del proceso, para que esté listo para mostrar los resultados obtenidos.
Sin embargo, este anuncio contrasta con la opinión expresada recientemente por el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien descartó que el próximo gobierno sostenga conversaciones de paz con el clan del Golfo.
En declaraciones a La Hora de la Verdad, Lara afirmó enfáticamente que no habrá negociaciones con esa organización, cerrando la puerta a la continuidad del proceso una vez que asuma el nuevo Ejecutivo el próximo 7 de agosto.
