Una investigación publicada por la revista Semana reveló la existencia de una presunta estructura de corrupción que habría estado activa entre 2024 y 2026 y que estaría liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero.
Según informes de los medios, la organización supuestamente ofreció a los empresarios la oportunidad de acceder a contratos con diversas entidades del gobierno nacional a cambio de pagos millonarios.
La publicación señala que las pruebas recopiladas incluyen testimonios, conversaciones de WhatsApp, archivos de audio y depósitos bancarios que se cree documentan cómo operaba la red.
Según el estudio, los empresarios interesados tuvieron que pagar un millón de pesos por una reunión inicial, un anticipo de 200 millones de pesos para iniciar el proceso y luego aportar el 10% del valor de cada contrato adjudicado.
Semana afirma que se dice que las hermanas Guerrero ejercieron influencia en varias partes del estado sin ocupar cargos oficiales durante ese período. Entre las instituciones mencionadas se encuentran los Ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Medio Ambiente y Defensa, además de entidades como la Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras.
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Según el informe, la operación habría comenzado en el segundo semestre de 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Cesar y Santander fueron contactados con la promesa de facilitar proyectos relacionados con acueductos, cámaras de seguridad y programas de mejoramiento del hogar.
Uno de los testimonios conocido por los medios aseguró que el acuerdo preveía pagos de 35 millones de pesos por cada municipio adjudicado, además del porcentaje correspondiente al valor de los contratos.
La investigación también nombra a David Trespalacios, quien se dice que fue el responsable de recibir algunos de los pagos en efectivo para evitar rastros bancarios. Sin embargo, posteriormente, según los chats publicados, los aportes se realizaron directamente a las cuentas personales de las hermanas Guerrero. Entre los documentos divulgados se encuentran transferencias por valores que oscilan entre $1.8 y $12.5 millones de pesos.
Uno de los casos presentados corresponde a un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar. Según Semana, Verónica Guerrero habría asegurado mantener contactos con el entonces viceministro de Agua, Edward Libreros, y habría informado a los empresarios sobre supuestas reuniones para avanzar en la iniciativa.
Los chats también muestran referencias a retrasos atribuidos a la disponibilidad presupuestaria y a la situación de orden público en el Catatumbo.
Agrega la publicación que cuando los empresarios comenzaron a quejarse por la demora en la adjudicación de los contratos, las hermanas supuestamente llamaron a Guerrero el llamado «jefe de jefes», expresión que, según los denunciantes citados por los medios, se refería al entonces presidente Gustavo Petro. Además, los empresarios aseguraron haber entregado más de 600 millones de pesos sin que se adjudicaran los contratos prometidos ni se devolviera el dinero.
¿Juliana Guerrero se graduó en corrupción?
La investigación incluye declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aseguró a Semana que Juliana Guerrero y su hermana intervinieron en organismos públicos sin ocupar cargos oficiales.
Por ahora, la publicación señala que el único proceso legal vigente contra Juliana Guerrero corresponde a una investigación por la presunta falsificación de su título de contadora.
Hasta la fecha las autoridades no han informado sobre decisiones judiciales derivadas de las revelaciones conocidas en esta investigación.
