Los fiscales han asestado un duro golpe a la corrupción y el blanqueo de dinero al desmantelar una red que durante casi una década creó empresas papeleras para simular operaciones comerciales multimillonarias. Se dice que esta estructura ilegal causó daños importantes al Estado y provocó pérdidas fiscales por más de 843.000 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, permitió identificar a seis personas como los presuntos responsables de la creación de 185 empresas ficticias. Estas empresas no tenían recursos, personal ni infraestructura real para operar, pero fueron utilizadas por otras empresas para evadir impuestos sobre las ventas y reducir ilegalmente la base imponible, provocando que el Estado perdiera un estimado de 155.000 millones de pesos.
Entre los presos se encuentran Jairo Bernal, Jaime Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Yepes. Se dice que cada uno de ellos jugó un papel clave, desde coordinar la creación y la gobernanza de estas empresas fachada hasta gestionar fondos ilícitos y brindar representación legal a las empresas falsas.
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El modus operandi de esta red evolucionó entre 2012 y 2022, período en el que simularon millones de pesos en transacciones que nunca existieron. Gracias al trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la utilización del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), el Ministerio Público ha logrado un volumen total de operaciones ficticias que asciende a más de 843 mil millones de pesos. En particular, se dice que Jairo Bernal administró y transformó más de 21 mil millones de pesos, utilizando estos fondos para darles apariencia de legalidad.
Durante un operativo conjunto en Bogotá y Casanare, las autoridades lograron detener a los seis involucrados y ponerlos ante un juez de control de garantías. Fueron acusados de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito en beneficio de terceros y lavado de dinero. Cinco de ellos serán puestos bajo arresto domiciliario y uno deberá cumplir pena de prisión. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas involucradas en esta red, lo que incidió directamente en la estructura utilizada para la simulación.
