Minuto30.com .- El departamento del Chocó es hoy escenario de una grave crisis institucional que desafía la soberanía nacional. En las últimas horas se confirmó el secuestro de 18 militares del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato. Según informes oficiales, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y llevados por la fuerza a una reserva indígena local.
El incidente ocurrió mientras tropas realizaban operativos legítimos y constitucionales contra el ELN, grupo narcoterrorista que tiene fuerte presencia en la zona y ha sido señalado como el principal impulsor del reclutamiento de menores y del desplazamiento forzado de comunidades étnicas.
“No hay límites”: el enérgico rechazo del Ministro de Defensa
La respuesta del alto mando no se hizo esperar. El general Pedro Sánchez rechazó categóricamente la detención de los militares, calificándola de secuestro y obstrucción directa del funcionamiento público.
«La Constitución y la ley son claras: el poder público tiene el deber y la facultad de proteger, cuando sea necesario, la vida de todos los colombianos. Cuando se le cierran las puertas al poder público, se abre a la ilegalidad», subrayó el alto funcionario, recordando que los operativos en la zona responden a alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El peligro de limitar el trabajo del Estado
El sector oficial ha advertido que, más que proteger a las comunidades, este tipo de acciones en última instancia debilitan el control estatal y facilitan el accionar de grupos criminales como el ELN. El secuestro de los 18 militares constituye un delito grave que ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.
La preocupación de las autoridades es que el uso de la fuerza por parte de civiles para impedir misiones constitucionales viole los derechos humanos de los soldados y ponga en peligro la integridad de la comunidad por posibles represalias o enfrentamientos con grupos ilegales aprovechando el vacío de poder.
Canales activados para lanzamiento
Actualmente se ha confirmado la activación de un puesto de mando unificado con la participación del Ministerio del Interior, el gobierno del Chocó y organismos de derechos humanos.
La absoluta prioridad del gobierno y del Comando General de las Fuerzas Armadas es garantizar la vida y la integridad de los 18 detenidos, evitando a toda costa una escalada de violencia en el resguardo indígena.
El ministro envió un mensaje de determinación a las comunidades del país, instándolas a generar confianza mutua en lugar de recurrir a mecanismos de presión ilegales. «La paz no se construye secuestrando soldados. Cerremos juntos las brechas para los criminales», concluyó.
Este incidente en Carmen de Atrato reabre el debate nacional sobre la autonomía de los territorios indígenas y los alcances de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el terrorismo en áreas protegidas.
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