En un operativo coordinado por el Ministerio Público se logró desmantelar una red criminal que presuntamente cobraba millones de dólares a los ciudadanos para realizar procesos judiciales, evadiendo medidas cautelares y la ejecución de órdenes de aprehensión. En el operativo se capturaron a nueve personas, entre funcionarios de la Policía Nacional, operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personas vinculadas a la Sijin y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se dice que la red criminal ha estado activa durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, y se centra en la manipulación de procesos de lavado de dinero. Según las investigaciones, los involucrados exigieron sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumple condena en Estados Unidos y a sus familiares, para evitar acciones legales en su contra, como medidas de confiscación de sus bienes o la ejecución de órdenes de aprehensión.
Entre los capturados se encuentran:
• Policía Nacional: Capitán Nelson Pinzón, Subinspectores Jefe Carlos Mendieta y Leonardo Padilla, y Patrullero Michael Laguado.
• CTI: Jimmy Rodríguez y Luis Villalba.
• Ex policías y funcionarios del INPEC: Luis Riveros y Rosember Gil.
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La investigación demuestra que los presuntos responsables utilizaron sus cargos para presionar a los afectados, revelando información confidencial sobre los procesos judiciales e impidiendo que testigos proporcionaran información falsa cuando las víctimas no aceptaban pagar las cantidades solicitadas. Incluso intimidaron a uno de los investigadores principales para que obtuviera detalles sobre las causas que les interesaban y eliminaron pruebas para cambiar el rumbo de la investigación.
Los operativos de detención se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), bajo la coordinación del grupo de trabajo especial creado por el Ministerio Público para abordar estos casos de corrupción.
Según las autoridades, los involucrados serán imputados por múltiples delitos, entre ellos: concierto para delinquir, conmoción cerebral, falsificación ideológica de documento público, fraude procesal, abuso de influencia, abuso de acceso a un sistema informático, amenazas contra un funcionario público y abuso de autoridad mediante actos arbitrarios.
El Ministerio Público enfatizó que este tipo de investigaciones son fundamentales para asegurar la transparencia y legalidad de los procesos judiciales, y para proteger a los ciudadanos de posibles abusos por parte de funcionarios que ocupan cargos de confianza en las instituciones públicas.
