Tras las rejas: INPEC define dónde pasarán los días de reclusión Wadith Manzur y Karen Manrique

Tras las rejas: INPEC define dónde pasarán los días de reclusión Wadith Manzur y Karen Manrique

Minuto30.com .- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó los lugares de reclusión de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, luego de que la Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema dictó una medida de seguridad en su contra en un centro penitenciario.

Los legisladores son acusados ​​de participar en una supuesta «red de negociación criminal» que intercambiaba conceptos de crédito público por contratos multimillonarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Destinos de detención

Wadith Alberto Manzur Imbett: Estará recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, un centro para funcionarios con medidas especiales de seguridad.

Karen Astrith Manrique Olarte: Fue enviada al penal El Buen Pastor de Bogotá.

El Tribunal consideró que el encarcelamiento inmediato es necesario debido al riesgo de obstrucción de la justicia y la solidez de las pruebas reunidas que los vinculan activamente con el delito de cohecho indebido.

El “Modus Operandi”: Contratos por conceptos

La investigación se centra en hechos ocurridos en el segundo semestre de 2023. Según la Sala de Instrucción, los congresistas supuestamente aceptaron ofertas de funcionarios del Ministerio de Hacienda para dar paso a operaciones crediticias importantes para el gobierno.

A cambio de estos conceptos favorables, la promoción de contratos y trabajos de auditoría se realiza en tres proyectos específicos de la UNGRD en:

Córdoba

arauca

Bolívar

Otros involucrados en la libertad

Aunque la medida de seguridad intramuros solo afectó a Manzur y Manrique, el juicio continúa contra otros cuatro políticos de alto perfil que seguirán vinculados a la investigación, pero en general:

Liliana Esther Bitar Castilla

Juan Pablo Gallo Maya

Julián Peinado Ramírez

Juan Diego Muñoz Cabrera (excongresista)

Según la Corte Suprema, existen «múltiples evidencias» de la existencia de una red ilegal entre sectores del Ejecutivo y el Legislativo para distribuir recursos públicos a cambio de apoyo político.


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