El retiro del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la polémica jurídica luego de que un tribunal de Bogotá rechazara un nuevo intento del mandatario de revocar la orden que lo obligaba a corregir públicamente sus declaraciones sobre Marta Lucía Ramírez.
La decisión, emitida por el Juzgado 66 Administrativo, estableció la obligación de Petro de retractarse claramente de conformidad con lo previamente ordenado por el tribunal, tras considerar que sus declaraciones anteriores no cumplieron con los parámetros establecidos.
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Según el análisis del despacho judicial, el jefe de Estado ha sufrido lo que califican como «revictimización» porque sus mensajes públicos contenían elementos ajenos al caso original, lo que habría prolongado el impacto negativo sobre el exvicepresidente. El tribunal concluyó que estas referencias adicionales no sólo distraen del objetivo de la orden, sino que también afectan la reputación y los derechos fundamentales de la persona afectada.
La demanda tiene sus raíces en un fallo de octubre de 2025, cuando el tribunal ordenó al presidente retirar los cargos que vinculaban a Ramírez con actividades ilegales. Si bien Petro hizo una publicación en redes sociales como respuesta, esta fue considerada insuficiente porque no se limitaba estrictamente a lo necesario.
Posteriormente, la defensa del presidente interpuso varios recursos para revocar la decisión, entre ellos reconsideración, apelación e incidente de nulidad, todos los cuales fueron rechazados por el juez. La última sentencia confirma que la decisión sigue vigente y debe ser cumplida en su totalidad.
En su fallo, el tribunal señaló enfáticamente que la retractación debe centrarse exclusivamente en la declaración original, sin añadir argumentos, interpretaciones o referencias externas. Además, advirtió que cualquier incumplimiento podría acarrear nuevas consecuencias jurídicas.
