Minuto30.com En las últimas horas, los más altos niveles de justicia y control disciplinario del país lanzaron un ultimátum categórico al Ejército de Liberación Nacional (ELN), exigiendo la liberación inmediata e incondicional de cuatro funcionarios secuestrados el año pasado en el departamento de Arauca.
Las declaraciones marcan una línea roja contra el accionar de grupos armados ilegales.
Este llamado no sólo representa una demanda humanitaria urgente para poner fin al cautiverio de las víctimas, sino que también constituye una fuerte defensa del Estado social de derecho y un rechazo absoluto a la intención del grupo guerrillero de usurpar las funciones del poder judicial colombiano a través de la figura ilegítima de los llamados ‘procesos revolucionarios’.
El bloque institucional basó su reclamo en los pilares más profundos de la democracia colombiana. Recordaron fuertemente que Colombia es un Estado social constitucional, fundado y regido por la Constitución de 1991.
Este mandato supremo establece firmemente que los jueces de la República, las instituciones que integran el poder judicial y los órganos legalmente constituidos del Estado son los únicos encargados y autorizados para administrar justicia en el territorio nacional.
El valor de la vida.: Las instituciones enfatizaron que el respeto a la vida, la integridad física y moral y la libertad de todos los colombianos no es una concesión, sino un principio fundamental del Estado.
El daño a la pazLa Corte Suprema y el Ministerio Público han señalado claramente que el uso reiterado y sistemático de prácticas como el secuestro -absolutamente prohibidas tanto en Colombia como en el derecho internacional- destruye directamente la confianza de la sociedad en cualquier esfuerzo o mesa de diálogo que busque superar la violencia.
Las cicatrices del conflictoLa vasta y dolorosa experiencia de décadas de conflicto armado en el país ha demostrado hasta la saciedad que el secuestro no es una herramienta política, sino un acto de crueldad que sólo causa más daño y tiene consecuencias psicológicas y emocionales permanentes e irreparables para las víctimas, sus familias y la estructura social del país.
Las víctimas: nombres que gritan por libertad
Las entidades llamaron con sus propios nombres y recordaron que detrás de las figuras había familias enteras hundidas en el miedo. Exigieron respeto a la vida y libertad inmediata de:
Jesús Antonio Pacheco Oviedo (agente de la Dirección de Protección y Asistencia)
Rodrigo Antonio López Estrada (agente de la Dirección de Protección y Asistencia)
Franki Hoyos Murcia (miembro de la Policía Nacional)
Yordin Fabián Pérez Mendoza (miembro de la Policía Nacional)
De la misma manera, las instituciones aprovecharon para expresar un profundo agradecimiento al pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia y las autoridades humanitarias que, en medio del silencio y el riesgo, mantienen activos los canales humanitarios en Arauca para lograr la liberación de estos funcionarios como una verdadera muestra de la voluntad de paz por parte de la organización armada ilegal.
“Se acabó la paciencia”: la dura declaración del fiscal general
El punto más alto de la jornada institucional lo encabezó el Fiscal General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien subió el tono para expresar su más categórico rechazo a las recientes intenciones del grupo criminal autodenominado ELN.
En un comunicado que no dejó lugar a ambigüedades, el titular del Ministerio Público descalificó las maniobras propagandísticas de la guerrilla y su intención de someter a los agentes secuestrados a castigos según sus propias reglas armadas.
“Como colombiano y como Fiscal General rechazo firmemente los infames secuestros”. […] La intención traicionera e ilegítima de este grupo de someterlos a los llamados ‘procesos revolucionarios’ y prolongar arbitrariamente su detención es absolutamente inaceptable”, afirmó Eljach Pacheco.
El Fiscal General fue implacable al señalar que desconoce rotundamente cualquier facultad o autoridad moral y legal para procesar a ciudadanos o miembros de los poderes públicos por parte de quienes calificó como “criminales, terroristas, narcotraficantes y enemigos de la democracia y la paz”.
Un delito sin justificación ni amnistía
Las líneas jurídicas son claras para el Ministerio Público. Ningún grupo armado ilegal, bajo cualquier bandera o ideología, puede asumir funciones de autoridad judicial, imponer castigos ilícitos o apropiarse de la libertad y dignidad de los colombianos.
Insulto a la nación“El ELN debe entender que con estos actos atroces está insultando a toda la sociedad colombiana, sí, a toda la sociedad, y haciendo saltar por los aires los puentes que tanto las autoridades como la comunidad internacional le han tendido para facilitar el tránsito a la legalidad”, señaló el Fiscal General.
Sin impunidad: Eljach recordó que el secuestro es una grave y flagrante violación de los derechos humanos (DDHH) y del derecho internacional humanitario (DIH). Destacó que este crimen no puede ser amnistiado, que es castigado por toda la humanidad y que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia política o territorial.
El mensaje a los criminalesEn una frase que resume el sentimiento de millones de ciudadanos, el funcionario advirtió: «La paciencia se acabó. Estos criminales sólo merecen largas condenas y la expulsión hasta que reparen todo el daño que han causado a Colombia. Durante demasiado tiempo y descaradamente, han abusado de la generosidad de esta sociedad que clama por la paz».
Un llamado a la acción gubernamental y internacional
Finalmente, el Ministerio Público no sólo exigió al ELN la liberación incondicional y en total seguridad de las cuatro personas, sino que también hizo pedidos claros al Poder Ejecutivo y a la comunidad mundial.
El Fiscal General instó encarecidamente al gobierno nacional a tomar todas las acciones pertinentes, estratégicas y operativas para lograr la libertad de los funcionarios secuestrados y garantizar la protección del orden nacional. A su vez, instó a las autoridades judiciales y militares competentes a agotar todos los medios legales para procesar, someter y procesar a los responsables de este plagio con todo el peso de la ley.
El comunicado concluyó con un fuerte llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y a todas las instituciones del Estado, a alzar una voz fuerte, unida e inquebrantable frente a estos hechos criminales que hoy atentan contra la dignidad humana y hieren profundamente el corazón de la nación colombiana. Hoy, la solidaridad total recae en las familias de Jesús, Rodrigo, Franki y Yordin, quienes esperan que la justicia y el Estado de derecho triunfen sobre el terror.
