La Agencia Nacional de Tierras (ANT) generó alarma en el país al presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por una ola sistemática de violencia contra comunidades rurales. Según el director de la entidad, Juan Felipe Harman, se ha identificado un claro patrón de intimidaciones, amenazas de muerte, desplazamientos forzados e incluso torturas contra agricultores y víctimas que se han beneficiado del suministro y provisión provisional de tierras bajo la reforma agraria.
Según describe la ANT, los ataques e intimidaciones se intensificaron tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio. La entidad advierte que estructuras vinculadas al narcotráfico, el paramilitarismo y los residentes ilegales pretenden frenar la devolución de tierras mediante el uso de la fuerza.
«Ya hay un patrón de comportamiento en las propiedades que hemos recuperado. Más de seis fincas han sido atacadas en sólo una semana para intimidar a los agricultores. No podemos ignorar lo que está pasando», denunció enfáticamente Harman desde Bogotá, confirmando que ya pasó los nombres de los supuestos responsables al Ministerio Público.
Tres regiones bajo fuego e intimidación
La denuncia penal de la ANT documenta acciones criminales específicas concentradas en tres zonas clave del territorio nacional:
Subregión del Magdalena Medio: En los predios ‘Los Alpes – La Olguita’ y ‘Los Alpes – La Apulia’, sujetos armados identificándose como ‘abogados y propietarios’ intimidaron a las familias para exigir el abandono de los lotes e incluso robaron el portón principal. De manera similar, un líder comunitario recibió amenazas de extorsión por parte del clan del Golfo. Por otro lado, en La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquía), familias que se beneficiaban de propiedades pertenecientes a capos como Daniel “El Loco” Barrera y familiares del ex jefe paramilitar Ramón Isaza denunciaron acoso diario y discursos estigmatizantes por parte de personas que intentaban recuperar el control del país.
Puerto López (Meta) – El caso más crítico: La situación de derechos humanos más grave ocurrió en la finca La Primavera, propiedad del narcotraficante extraditado Ignacio Álvarez Meyendorff. La madrugada del 24 de junio, cuatro hombres armados y encapuchados atacaron el lugar, quemaron vehículos, propiedades y la planta eléctrica, y torturaron brutalmente con machetes y palos a cuatro adultos y a un menor de 14 años. Las víctimas tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital.
Departamento de Córdoba: En el municipio de Buenavista, familias campesinas de la finca El Llano (también propiedad en el pasado de Álvarez Meyendorff) se vieron obligadas a desplazarse tras advertir de un inminente allanamiento por parte de 30 hombres armados. En Pueblo Nuevo, administradores vinculados a una finca ganadera cerraron el acceso con cadenas y amenazaron con matar a líderes comunitarios para impedirles explotar productivamente la finca La Palmira, sin tomar en cuenta las medidas tomadas por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
Solicitud de acción urgente
Ante la gravedad de los hechos, el Director de la Agencia Nacional de Tierras calificó estas acciones como delitos que incluso podrían calificarse como crímenes de lesa humanidad por el desplazamiento forzado provocado.
La ANT hizo un llamado urgente y categórico al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes para capturar a los autores materiales e intelectuales de estos ataques. Asimismo, el alto funcionario exigió programas de protección inmediata para proteger la vida y la integridad de los agricultores, comunidades étnicas y víctimas del conflicto que hoy temen por sus vidas tras recibir la legítima adjudicación de sus tierras.
