Minuto30.com .- La justicia colombiana ha vuelto a poner la lupa en uno de los episodios más tristes y violentos de la historia del país. El martes 7 de julio, el Fiscal Delegado de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica del general en retiro Miguel Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al vincularlo formalmente con el asesinato del líder político y exguerrillero del M19 Carlos Pizarro Leongómez.
El excandidato presidencial fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo comercial, y más de treinta años después, los fiscales identificaron a Maza Márquez como el presunto coautor del crimen que dejó de luto a la nación.
Las graves acusaciones: un plan de seguridad violado
El Ministerio Público formalizó la acusación contra el exdirector del DAS por los delitos de homicidio «en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir».
Según la investigación, el papel de Maza Márquez habría sido fundamental para dejar a Pizarro a merced de sus asesinos. El expediente describe un supuesto plan escalofriante, ideado en las entrañas del Estado:
Horario debilitado: Días antes del mortal atentado se ordenaron cambios repentinos y omisiones que redujeron drásticamente la capacidad de respuesta del equipo de seguridad del candidato.
Filtrado de rutas: Se dice que se ha proporcionado información privilegiada y confidencial sobre los movimientos exactos de Pizarro.
Alianza criminal: El ente acusador apunta a una posible coordinación directa entre funcionarios del extinto DAS y las estructuras paramilitares comandadas por los hermanos Carlos y Fidel Castaño para ejecutar el crimen y encubrir a los responsables.
“Estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado y el posterior encubrimiento de los responsables”, señala el contundente documento emitido por el Ministerio Público.
¿Por qué no lo enviaron a prisión?
Pese a la extrema gravedad de los delitos imputados, el Ministerio Público ha decidido no imponer medida de seguridad (prisión preventiva) al exfuncionario.
El ente investigador justificó esta determinación con base en tres factores fundamentales:
Su vejez (88 años).
Un estado de salud actualmente delicado.
La consideración de que en su actual condición no existen razones jurídicas de peso para mantenerlo en prisión preventiva mientras continúa el proceso.
Esta nueva acusación reafirma la oscura participación que se dice tuvo la principal agencia de inteligencia del estado durante la sangrienta era de la década de 1990, cuando una alianza mortal que involucraba el narcotráfico y el paramilitarismo logró silenciar a toda una generación de líderes políticos en Colombia.
