Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas fueron procesados por su presunta participación en el secuestro y ataques a un síndico de una empresa de crédito, bajo la modalidad ‘gota a gota’. Los imputados aceptaron los cargos formulados por el Ministerio Público y permanecerán bajo medidas de seguridad en su residencia mientras un juez registra el acuerdo preliminar alcanzado con la entidad fiscal.
La investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especial contra Violaciones de Derechos Humanos, encontró que la víctima fue presuntamente detenida ilegalmente tras ser acusada de la desaparición de una cantidad de dinero que los involucrados estiman entre 15 y 30 millones de pesos.
Así se habría producido la retención
Según datos recabados por el Ministerio Público, un grupo de al menos veinte personas llegó a la casa del recaudador y presuntamente lo obligó a salir bajo amenazas de armas de fuego apuntadas contra él y su familia.
Luego el hombre fue trasladado a una casa del barrio Las Granjas, en el municipio de Soledad, Atlántico, donde continuó privado de su libertad.
Durante el tiempo que estuvo recluido, la víctima fue sometida a múltiples agresiones físicas, según la investigación. Del expediente consta que fue golpeado con caños y tablones en diversas partes de su cuerpo, sufrió una herida en una de sus manos con arma blanca y también fue golpeado con la culata de un arma de fuego. Además, tanto él como sus familiares recibieron amenazas de muerte para obligarlo a aceptar la supuesta pérdida del dinero y revelar su paradero.
También se dice que presionaron a la familia.
Los fiscales alegan que mientras la víctima se encontraba detenida, algunos de los actualmente procesados se comunicaron con sus familiares para exigirles que respondieran por el dinero presuntamente desaparecido.
Como parte de estas demandas, también solicitaron la transferencia de un inmueble registrado a nombre del padre de la víctima como forma de pago. Finalmente el hombre recuperó su libertad.
Esto podría interesarte; ¡Ten cuidado cuando lo uses! Invima lanzó alerta sobre famosos jabones faciales vendidos en redes sociales
El Ministerio Público asigna distintos roles a los sospechosos
Entre los procesados se encuentra Luis Mariano Díaz González, quien, según la prueba material, fue el presunto instigador de la detención ilegal y uno de los partícipes de las agresiones a la víctima.
La investigación también muestra que Stiven Bolaños presuntamente coordinó los ataques; Alexis Jiménez sería quien convocaría a los demás participantes y concertaría la retención; En el traslado, detención y agresiones presuntamente intervino Dairo Tirado; mientras que Keiner Rocha y José David Martínez habrían participado en seguimientos a la víctima, amenazas y actos de violencia durante su cautiverio.
Aceptaron el cargo y cumplirán la medida en sus casas
Ante estos hechos, el Ministerio Público los imputó por delitos como secuestro simple y tortura. Durante las audiencias, los seis imputados aceptaron los cargos mediante un acuerdo preliminar firmado con el ente investigador.
El noveno juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla aprobó la solicitud de imponer medida de seguridad en el lugar de residencia, mientras un juez perito estudia el acuerdo entre las partes y decide si lo aprueba.
De aprobarse, el acuerdo provisional prevé una pena de prisión de 70 meses, equivalente a cinco años y diez meses.
El alguacil también ordenó que la medida de seguridad sea acompañada de un mecanismo de seguimiento electrónico para fortalecer el control sobre los imputados por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Hubo indemnización a favor de la víctima
Como parte del juicio, los seis involucrados realizaron un acuerdo de indemnización consistente en el pago de 10 millones de pesos a favor de la víctima.
La información fue hecha pública por el Ministerio Público porque se trata de un asunto de interés público y mientras continúa el proceso judicial, un juez deberá determinar si avala el preacuerdo firmado entre el ente acusador y los imputados.











