La situación legal de Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, se complica con la asignación de nuevos puestos por parte de la Oficina del Fiscal General.
Para los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilegal, el de importancia incorrecta en la conclusión de contratos, ahora influye en el juego y la falsificación en el documento.
La audiencia para la asignación está prevista para el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana en los tribunales de Barranquilla.
Estas nuevas acusaciones están vinculadas a una supuesta celebración incorrecta de contratos que el antiguo representante habría hecho, a través de terceros, por un valor de más de $ 3,000 millones de peso, entre 2020 y 2021, mientras ejerció su posición en el Océano Atlántico.
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Estos contratos, firmados a través de la Fundación de Conciencia Social (FUCOSO) y el sindicato temporal inclusivo, tenían la intención de ofrecer programas de atención a adultos mayores y estudiantes en discapacidad, pero los servicios no habrían sido ejecutados.
Uno de los contratos que se sospechaba fue firmado por $ 400 millones de pesos, de los cuales $ 120 millones habrían sido asignados a Nicolás Petro y su entonces esposa, Day Vásquez.
Los otros $ 80 millones aparentemente se extenderían entre Gustavo de la Ossa, director de la Fundación, y el nombre de Pedro, ex par de Vásquez.
La asignación de nuevos puestos para Nicolás Petro puede conducir a la emisión de una orden de arresto o una medida de certeza, ya sea detención preventiva o una casa por prisión que empeoraría su situación judicial. La decisión será tomada por un tribunal de garantía que se asignará el mismo día de la audiencia.
