Mauricio Alonso Zuleta, ex secretario técnico del Ministerio de Movilidad de Medellínfue procesado por su presunta participación en irregularidades con respecto a un contrato entre administradores por más de 16,000 millones de peso, destinado a la adecuación del espacio público y de reparación de las carreteras en la ciudad.
La Oficina del Fiscal General lo acusó del contrato del contrato sin cumplir con los requisitos legales, una función que el acusado no aceptó.
El contrato, concluido entre el 28 y el 29 de junio de 2023, tenía como objetivo delegar la ejecución de obras que incluyen la demolición de estructuras existentes, excavaciones, movimientos de fresa, construcción de bahías, pavimento rígido y flexible, adaptación de plataformas y espacio de brecha. Las obras fueron planificadas en la comuna 10 de Medellín y en los barrios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
Según la investigación, la Secretaría de Movilidad no estaba autorizada a llevar a cabo este tipo de contrato de trabajo, cuya responsabilidad correspondía al Ministerio de Infraestructura Física, con el apoyo del Ministerio de Servicios y Entrega. Además, el acuerdo se habría procesado bajo la modalidad de selección directa, mientras que debería haber sido ofrecido públicamente por su monto millonario.
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La oficina del fiscal también descubrió que no se llevó a cabo un análisis riguroso del sector, y que el presupuesto oficial no era correcto en los estudios antes del contrato, que según las instrucciones se habría definido en un día.
Otra irregularidad detectada fue que el contrato se firmó durante la validez de la Ley de Garantía, que prohíbe la conclusión de acuerdos administrativos o contratos para la implementación de recursos públicos cuatro meses antes de los procesos electorales.
Por los mismos hechos, el fiscal ya había acusado a otros cuatro ex funcionarios: Juan Carlos Torres, ex secretario de movilidad; Estefanya Cuervo, ex secretario legal de la misma agencia; Rubén Darío López, ex director técnico del Ministerio de Infraestructura de Medellín; y Santiago Ortega, contratista del Instituto Metropolitano Tecnológico (ITM).
Con este poder judicial, la Oficina del Fiscal Público quiere aclarar las presuntas irregularidades en uno de los contratos más importantes de movilidad y espacio público de la ciudad durante la administración 2020-2023.
