La polémica por los helicópteros del Ejército Nacional surgió este martes 7 de octubre, luego de que la red de Veedurías ciudadanas de Colombia presentara una denuncia formal contra el exministro de Defensa, Iván Velásquez, el actual jefe de cartera, Pedro Sánchez y la empresa estadounidense Vertol Systems Company.
La acusación apunta a supuestas irregularidades en el contrato 012-2024, firmado por un valor de 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17, que permanece mayoritariamente fuera de servicio desde 2024.
Según la denuncia, el proceso contractual supuestamente presentó cambios posteriores a la empresa, incluidas cinco prórrogas para que la empresa entregara la política de cumplimiento, además del pago de un anticipo de $16 millones de dólares a pesar del poco avance en las obras.
Según la Contraloría General, el proyecto registra sólo un 8% de ejecución cuando el contrato expire el 15 de noviembre.
El organismo advirtió que existe un riesgo patrimonial para el Estado por la posible pérdida del anticipo, que representa más de $84 mil millones de pesos.
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La denuncia pide investigar si hubo omisión o favoritismo en la adjudicación y supervisión del contrato, que se considera estratégico para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que seguirá cooperando con los entes de control y les recordó que tres de los aviones ya se encuentran en servicio tras los trabajos realizados en el primer semestre del año.
