La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar contra funcionarios y contratistas de Migración Colombia tras descubrir presuntas irregularidades en el contrato directo firmado con la Imprenta Nacional para la impresión de cédulas migratorias.
El ente fiscalizador intenta determinar si han existido deficiencias disciplinarias en la gestión de este contrato, lo que, según la información recabada, habría derivado en incumplimientos que afectaron la entrega de miles de documentos de identificación a extranjeros residentes en el país.
Según la Procuraduría General de la República, la Imprenta Nacional no cumplió con los plazos y compromisos establecidos, lo que motivó el desarrollo de un plan de contingencia que no logró resolver los retrasos.
Informes internos muestran que los reguladores de contratos advirtieron repetidamente sobre el incumplimiento y lo documentaron en comunicaciones oficiales entre las entidades, pero no se tomaron acciones correctivas de manera oportuna.
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Este hecho motivó que el Ministerio Público investigara si existió negligencia o complicidad por parte de los funcionarios encargados de la supervisión contractual.
En este proceso preparatorio, el Ministerio Público intenta identificar a los posibles responsables, recabar pruebas y determinar si las conductas observadas constituyen faltas disciplinarias punibles. Por el momento no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados.
El contrato en disputa compromete fondos por valor de más de 6.600 millones de dólares para la producción de tarjetas de inmigración, documentos esenciales para la identificación y movilidad de ciudadanos extranjeros en Colombia y en los Estados miembros del Mercosur.
El organismo de control también investiga una posible subcontratación total de los servicios necesarios y la violación del principio de libre competencia de los licitadores, ya que el contrato se adjudicó directamente.
