El presidente Gustavo Petro recibió una orden del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá para retirarse y disculparse públicamente por las declaraciones que hizo contra la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. «cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes», sobre los casos conocidos como ‘falsos positivos’.
Al resolver una acción de protección interpuesta por el congresista, el tribunal resolvió que el presidente tiene cinco días para cumplir con la obligación de corregir sus declaraciones, publicadas el 29 de septiembre a través de la red social X.
El fallo del tribunal fue contundente al afirmar que las palabras del presidente «atribución directa sin sustento en procesos legales».
Según el fallo, este hecho ha violado los derechos fundamentales al buen nombre y honor del congresista. «excedió el alcance del discurso político protegido» al atribuir responsabilidad penal inexistente a un funcionario público.
Los comentarios del presidente, plasmados en mensajes como: «Es vergonzoso que los presidentes no exijan que los militares no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma Valencia, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados con armas oficiales, no se arrepiente».estuvieron en el centro de la controversia.
La defensa jurídica de la Presidencia argumentó que las declaraciones se hicieron en un contexto de crítica política, pero el tribunal rechazó esa afirmación.
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El fallo precisó que la rectificación deberá realizarse a través de tres canales específicos: la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X, la cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal de Gustavo Petro en la misma red social.
La diputada Paloma Valencia había señalado en su solicitud que el Presidente “Excedió los límites constitucionales de la libertad de expresión porque no fue una opinión, sino una imputación directa” lo que la afectó gravemente ya que nunca fue investigada ni sancionada por los hechos de los falsos positivos.
El fallo reitera las restricciones de la ley a la libertad de expresión de los funcionarios públicos, especialmente cuando ponen en peligro la integridad de otros ciudadanos, y exige que el presidente se abstenga de hacer declaraciones similares en el futuro.
