Respondiendo a las pruebas y argumentos de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz de la Corte Suprema de Bogotá condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por 345 delitos cometidos principalmente en el Valle del Cauca. AntioquíaCauca, Huila y Quindío.
Entre los condenados en las dos sentencias conocidas se encuentran Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca, Janier Franco, Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas y Rover Enrique Oviedo Yanes.
Los postulados del Bloque Calima fueron responsables, entre otras cosas, de las masacres de San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas. Esto último tuvo lugar en la zona rural de Tuluá, en septiembre de 1999, cuando hombres armados invadieron varias aldeas del distrito de San Rafael, asesinando a trece pobladores, provocando desplazamientos masivos y ejerciendo violencia de género contra dos mujeres que fueron torturadas y sometidas a tratos crueles antes de ser asesinadas.
Otra condena muestra que ex integrantes del Bloque Bananero participaron en la masacre de Acandí (Chocó), ocurrida el 3 de noviembre de 1995, que dejó como resultado la muerte de al menos seis personas, secuestros, torturas y el desplazamiento forzado de más de treinta familias.
De la misma manera, las decisiones de la Cámara de Justicia y Paz también hacen referencia al apoyo brindado por empresarios y algunos miembros del poder público a la llegada y expansión de los bloques Calima y Bananero en determinadas zonas del país, y a la forma en que se provocó la destrucción del tejido social y el miedo entre la población civil. También reconocieron los patrones macrocriminales que presenta el Ministerio Público, como asesinato, desaparición forzada, violencia de género, reclutamiento y desplazamiento forzado.
Los candidatos fueron condenados a penas ordinarias de entre 480 y 240 meses de prisión, y se les impuso penas alternativas de ocho años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). Además, deberán pagar multas que van desde 9.000 hasta 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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