Las autoridades confirmaron que se han logrado importantes avances en la investigación del ataque en Tunja, ocurrido este fin de semana cuando un camión volquete cubierto de tatuajes fue abandonado a metros del Batallón Simón Bolívar, causando graves daños al cuartel militar y daños en al menos 36 viviendas en el barrio Prados de Alcalá.
El Ejército Nacional atribuye el ataque al Frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, comandado por alias Poeta, y afirma que fue ejecutado en represalia por los operativos militares realizados en municipios de Boyacá como Socotá, Labranza Grande y Pajarito.
El coronel Raúl Cardona Restrepo, comandante de la Primera Brigada del Ejército, aseguró que se está llevando a cabo la investigación «Están avanzando con resultados concretos resultantes de varias redadas».
Aunque evitó revelar detalles por secreto judicial, confirmó que las diligencias permitieron identificar puntos clave sobre la preparación y ejecución del atentado.
«A su debido tiempo, los jefes o comandantes del ejército transmitirán la información al público. En este corto período ya hay resultados tangibles»dijo el oficial.
Entre los sitios inspeccionados se encuentran aquellos donde se adquirió el camión volquete utilizado en el ataque y donde presuntamente se instalaron los cilindros explosivos.
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Según el director general de la Policía, William Rincón, el vehículo contenía tatuajes con temporizadores secuenciales, lo que demuestra una meticulosa planificación del evento.
La explosión dejó tras de sí un panorama de destrucción: cristales rotos, fachadas derrumbadas y muros dañados, tanto dentro del batallón como en casas vecinas.
Tras el ataque en Tunja, el gobierno departamental de Boyacá convocó ese mismo sábado por la noche a un consejo de seguridad de emergencia, donde se adoptaron nuevas medidas para fortalecer la vigilancia. Las decisiones incluyen: la instalación de cámaras de seguridad en la ruta Tunja-Paipa-Duitama-Sogamoso, misma vía por la que ingresó el camión volquete, y el refuerzo de la fuerza con nuevos oficiales y la restitución de un cantón militar.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y la policía judicial, mientras la ciudadanía exige una mayor presencia estatal ante el recrudecimiento de acciones violentas atribuidas al ELN en el centro del país.
