La Defensoría del Pueblo confirmó el sábado 15 de noviembre que seis menores de edad fueron asesinados durante los operativos militares realizados en el bombardeo en Guaviare contra la facción alias Iván Mordisco.
Las muertes, ocurridas esta semana en medio de una ofensiva ordenada por el presidente Gustavo Petro, han reavivado la controversia sobre el uso de bombardeos en campos donde se podría reclutar a poblaciones reclutadas por la fuerza.
Según explicó la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, este hecho “muy lamentable” obliga a reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites estrictos incluso en medio de hostilidades.
El Gobierno confirmó que durante la operación murieron 19 personas, pero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la identificación de las víctimas (incluida la verificación de si había menores entre las víctimas) está ahora en manos de la medicina forense.
El ministro insistió en que, según el DIH, cualquier persona en situación de combate es un objetivo legal. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó que grupos armados ilegales sigan utilizando a menores como escudos humanos y pidió a las fuerzas armadas adoptar todos los protocolos posibles para evitar daños a esta población, incluso si se ven obligadas a participar en las hostilidades.
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La entidad también se preguntó si en este caso específico del atentado al Guaviare era posible utilizar otros métodos menos dañinos que evitaran un desenlace fatal a los menores reclutados por la disidencia.
Mientras aumenta la tensión y se esperan detalles sobre las identidades de los seis menores fallecidos, el ejército no ha emitido ningún comunicado oficial adicional.
