El Segundo Juzgado de Familia de Cartagena emitió una decisión de gran impacto económico y jurídico al ordenar la protección temporal de los derechos fundamentales de la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol. La principal medida consiste en ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) suspender de inmediato cualquier embargo o medida coercitiva contra la refinería.
La disputa surgió a partir de una controversia sobre el cobro del impuesto al valor agregado (IVA). La DIAN señala que Reficar estuvo obligada a pagar un arancel del 19% sobre las importaciones de gasolinas y diésel en el período comprendido entre 2022 y 2024. Estos costos se tradujeron en liquidaciones oficiales que, sumadas, ascienden a aproximadamente 1,300 millones de pesos, más multas e intereses.
La DIAN se contradice
La polémica se ve agravada por un cambio de criterio de la entidad recaudadora. Durante años, la DIAN había sostenido que no existía una base fiscal clara para imponer el IVA a dichas operaciones, ya que el Ministerio de Minas y Energía no había fijado los precios de la gasolina y del ACPM, requisito exigido por la ley tributaria. Sin embargo, en 2024, la entidad cambió de postura y pasó a exigir el impuesto a la tasa general.
Reficar, a su vez, argumentó ante el juez que la implementación inmediata de esta carga coercitiva por parte de la DIAN pondría en grave peligro su funcionamiento, la estabilidad laboral de sus más de 4.600 empleados y, fundamentalmente, el suministro de combustible en todo el Caribe. Las defensas de la refinería advirtieron que un embargo podría paralizar a la empresa en dos semanas.
El juez tuvo en cuenta el alcance de las consecuencias y dictaminó que la aplicación de la medida de cobro entrañaba un riesgo cierto e inmediato de daño irreparable. Aunque la decisión judicial no resuelve el fondo de la disputa fiscal, su objetivo principal es garantizar que la refinería pueda continuar sus operaciones mientras se resuelve la disputa.
El fallo es temporal y obliga a Reficar a continuar con los trámites legales pertinentes. El tribunal exigió a la empresa presentar en los próximos días un recurso de nulidad y restitución de derechos contra las actuaciones administrativas de la DIAN. De esta manera, será la controvertida jurisdicción administrativa, y no la de familia, la que determinará definitivamente si las recaudaciones tributarias de los millonarios son válidas o no.
