El lunes 24 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el general de brigada Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal (Coper) del Ejército Nacional, y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras la investigación revelada por Noticias Caracol, que les señala presuntos vínculos con las disidencias de alias Calarcá.
La acción fue ordenada por la Sala Disciplinaria del Ministerio Público, la cual ordenó la recolección de varias pruebas “para esclarecer los hechos” e identificar el “posibles responsables”.
La investigación también apunta a determinar si existen deficiencias de control interno y si altos funcionarios han facilitado, omitido o encubierto actividades relacionadas con organizaciones criminales.
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Una de las primeras acciones fue la orden del Fiscal General para que la Dirección de Personal del Ejército obtuviera la hoja de vida institucional del general Huertas, detalles de sus cargos actuales y datos de contacto actualizados. De igual forma, se solicitó información a la DNI sobre la situación contractual y trayectoria de Wilmar Mejía, incluyendo los cargos que ocupó, las funciones desempeñadas y los mecanismos de vinculación.
La entidad también notificó al Ministerio de Defensa y pidió claridad sobre posibles investigaciones administrativas internas relacionadas con la creación de supuestas empresas de seguridad privada, que según reportes de medios nacionales han estado vinculadas con disidencias de las FARC. Las directrices disciplinarias del ejército también deberían responder a esto.
A este panorama se sumó la declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Armadas, quien rechazó cualquier conducta contraria a la Constitución e indicó que se tomarán las medidas correspondientes. “Para contribuir al esclarecimiento de los hechos (…) se decidió realizar investigaciones rigurosas en coordinación con las autoridades competentes”, declaró.
El caso continúa desarrollándose a medida que aumenta la presión sobre los jefes de los servicios de inteligencia y militares.
