El Juzgado Vigésimo Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá conoció formalmente un incidente de desacato contra el presidente Petro.
La acción, interpuesta el 1 de diciembre de 2025 por Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud, denuncia el presunto incumplimiento de una orden judicial que obligaba al presidente a retractarse públicamente.
La polémica tiene su origen en un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 11 de noviembre, que protegió los derechos fundamentales de González Montaño a la honra, la reputación, las garantías judiciales y la presunción de inocencia.
Como parte del fallo, la Corte ordenó al presidente Petro retractarse de sus declaraciones en una red social en noviembre de 2025 y pedir disculpas públicas.
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La orden judicial precisó que el Presidente deberá realizar la retractación en un plazo de cinco días y en el mismo formato en que se difundieron las declaraciones originales, es decir, a través de la red social X y un discurso presidencial, según sea el caso. Además, se le ordenó abstenerse de realizar futuras declaraciones públicas que vulneraran los derechos del demandante.
La Corte concluyó que el presidente Petro incumplió el mandato. Por lo tanto, antes de imponer sanciones por desacato, la autoridad judicial solicitó formalmente al Presidente que detalle las acciones tomadas de conformidad con el veredicto.
El incidente se basa en declaraciones difundidas por el Presidente el 6 de noviembre de 2024 a través de la red social X, en las que se refirió a supuestas irregularidades en el comité de la EPS.
Este no es el primer caso en el que la justicia pide al jefe de Estado que rectifique o se disculpe por sus mensajes públicos, poniendo de relieve un problema recurrente entre las declaraciones presidenciales y la protección del buen nombre de los ciudadanos.
