Un nuevo escándalo sacude la diplomacia colombiana luego de que el Fiscal General, Gregorio Eljach, anunciara la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Cancillería por la organización de una fiesta en la Embajada de Colombia en Nicaragua, evento al que asistió el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien actualmente tiene orden de captura internacional por el caso UNGRD.
La fiesta en la Embajada de Colombia en Nicaragua se convirtió en centro de polémica luego de que circularan videos que mostraban a Carlos Ramón González siendo observado activamente durante la llamada ‘Noche Vallenata’, celebrada el pasado 11 de diciembre en una sala exclusiva del Teatro Nacional de Managua.
Las imágenes, reveladas por medios nacionales, han reavivado el debate sobre el apoyo diplomático que supuestamente recibió González para permanecer en Nicaragua, país donde solicitó asilo político y residencia tras ser acusado en Colombia de delitos como cohecho, malversación y lavado de dinero.
Según información conocida, el proceso migratorio se administró el mismo día en que el Ministerio Público formalizó los cargos en su contra.
El abogado Eljach señaló enfáticamente que la investigación es procedente porque las embajadas son consideradas una extensión del territorio nacional. «Podría haber una infracción disciplinaria por parte de los funcionarios. Se determina quién dio el permiso para el evento, quién hizo las invitaciones y quién participó».explicó.
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Uno de los funcionarios bajo escrutinio es el encargado de negocios de la embajada, Óscar Muñoz, a quien se le acusa de intervenir en la extensión del estatus migratorio del exfuncionario en Nicaragua.
Mientras tanto, el proceso legal contra González en Colombia continúa avanzando. Un magistrado de la Corte Superior de Bogotá ordenó su prisión, pues pruebas lo vinculan como presunto organizador de sobornos financiados con fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Aunque la orden de Interpol sigue vigente, expertos advierten que su implementación dependerá de la voluntad de las autoridades nicaragüenses, especialmente tras el otorgamiento de asilo político por parte del régimen de Daniel Ortega.
