Minuto30.com .- El escándalo de corrupción que dejó a miles de niños de las zonas rurales de Colombia sin internet ha visto hoy un avance legal sin precedentes. El Ministerio Público impuso medidas cautelares con el objetivo de extinguir los derechos de propiedad de un total de 23 bienes vinculados a los involucrados en las irregularidades en el contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Las propiedades afectadas tienen un valor comercial de más de 65 mil 900 millones de pesos. La operación pretende recuperar parte del millonario anticipo destinado inicialmente a instalar 7.277 centros digitales en las escuelas más alejadas del país.
El rastro del dinero de los “Centros Poblados”: de Emilio Tapia a exfuncionarios
Según la investigación del Ministerio Público, los bienes afectados presuntamente pertenecen a los autores intelectuales de la operación ilegal: Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares cercanos.
Las autoridades descubrieron que estos bienes, ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, fueron adquiridos presuntamente con los fondos del anticipo pagado irregularmente. La lista de bienes raíces incluye:
Propiedades urbanas y rurales.
Establecimientos comerciales.
Plazas de aparcamiento.
Propiedad de la empresa.
Precaución contra bienes de la exministra Karen Abudinen
Una de las noticias más llamativas de este operativo es la aplicación de una medida cautelar sobre un inmueble de la ex Ministra TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Esta decisión, que responde a los procesos de responsabilidad fiscal emitidos por la Contraloría General de la República, tiene como objetivo proteger los bienes que podrían utilizarse para compensar el daño financiero causado al Estado. El Ministerio Público aclaró que estas medidas tienen carácter legal y se basan en la imposibilidad de localizar todos los fondos desviados hasta el momento.
Empresas de “fachada”
La Dirección Especializada en Extinción de Derechos de Dominio destapó un complejo entramado de ingeniería financiera. Según el organismo acusador, los involucrados utilizaron a las empresas que formaban parte de la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumentos para cometer irregularidades, mezclando bienes de procedencia legal con los recursos ilícitos del contrato.
Esta combinación de capitales permitió a los implicados ocultar el rastro del dinero público durante meses, hasta que las pruebas materiales recabadas permitieron determinar la causa de la equivalencia y proceder a la ocupación de los bienes.
Este juicio representa no sólo un avance técnico-jurídico, sino también una respuesta a los llamados nacionales de justicia en uno de los casos de corrupción más dolorosos de los últimos años. El proyecto original pretendía conectar dieciséis departamentos del país, una promesa de educación y progreso truncada por la ambición de unos pocos.
