El gobierno nacional ha dado un giro inesperado en su política antidrogas con el anuncio de la reactivación de las fumigaciones con glifosato, esta vez utilizando tecnología de drones para combatir cultivos ilícitos.
El Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aclaró que no se trata de un retorno a la fumigación aérea masiva desde aeronaves, sino de una técnica terrestre controlada que pretende atacar directamente las zonas donde grupos armados ilegales obligan a los agricultores a sembrar hoja de coca.
Según el funcionario, el plan piloto se iniciará en el Cauca entre el 26 y 27 de diciembre, una vez que se reciba la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA).
La estrategia operativa prevé el uso de drones que volarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre las plantas, una distancia tan corta que, según el gobierno, reduce los riesgos para la salud humana y el medio ambiente que planteaban en el pasado las fumigaciones desde grandes alturas.
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Estos dispositivos tecnológicos tienen capacidad para recorrer una hectárea de coca en tan solo 30 minutos, incluido el tiempo necesario para reemplazar las baterías. La medida cuenta con el respaldo del Consejo Nacional Antinarcóticos y estará bajo vigilancia visual por parte de la Policía Nacional para garantizar que el químico solo termine en cultivos ilícitos.
Este cambio de rumbo es una respuesta a la delicada situación de orden público en departamentos como Cauca, Arauca y Catatumbo, donde las disidencias de las FARC y el ELN han logrado superar al poder público e instrumentalizar a la población civil para impedir los esfuerzos de exterminio manual.
Aunque el uso de glifosato ha sido tradicionalmente objeto de intensas disputas legales y sociales en Colombia, el poder ejecutivo defiende esta “fumigación dirigida” como una herramienta necesaria ante el fracaso de otros métodos en zonas de alto conflicto.
